Autor: Emma Ramos Carvajal

Una vez más agradezco a Expansión y a Margarita Castillo Grijota que me hayan publicado el siguiente artículo «Salvemos las autonomías y los ayuntamientos» que a continuación reproduzco:

La economía mundial se encuentra atenazada por el miedo y se le «corta la respiración», antes como consecuencia de la guerra comercial y ahora temerosa de la incertidumbre generada por el preocupante efecto contagio del coronavirus que se expande por China y fuera de ella y cuyos tentáculos pueden ir mucho más allá, menoscabando la economía.

De hecho, las estimaciones realizadas sobre el Producto Interior Bruto chino muestran que se pueden ver afectados entre 5 y 7 décimas en el año 2020 y hasta 2 décimas a nivel global.

El país donde se encuentra la ciudad de Wuham ya ha adoptado un conjunto de medidas financieras y admite que cumplirá con las rebajas arancelarias a los productos norteamericanos. Todo con un único objetivo: salvaguardar sus finanzas.

Estas cuestiones parecen quedar olvidadas en un país como España donde la preocupación se cierne sobre dos cuestiones. En primer lugar, sobre el hecho de que el Estado no devuelva unos 2.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas (CCAA) y 753 millones a las Entidades Locales (EELL), correspondientes al IVA del ejercicio 2017.

Dicha devolución que aparecía reconocida en el proyecto de Presupuestos para el año 2019 de momento, no se concibe en la mente del Gobierno. Y, en segundo lugar, sobre la flexibilización del cumplimiento de las reglas fiscales delimitadas por la Unión Europea (UE).

Y digo «de momento» pues, a finales del año pasado, un informe de la Abogacía del Estado impedía, a un Gobierno en funciones, pagar las entregas a cuenta; sin embargo, unas semanas después, por arte de magia, un nuevo informe se volvía favorable a que se realizase la correspondiente entrega. Por tanto, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

El 11 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública correspondientes al período 2021-2023, en virtud de la situación económica que atraviesa el país y la prórroga presupuestaria en la que nos encontramos inmersos.

En términos de estabilidad presupuestaria, se amplía el déficit de las CCAA desde el 0% del PIB hasta el 0,2% para el ejercicio 2020; y se flexibiliza la regla de gasto, pasando del 2,8% al 2,9%, para el ejercicio actual. Con esa actitud facilitadora se trata de compensar la no devolución del IVA pendiente de pago. Si embargo, lo único que se está consiguiendo realmente es lanzar el déficit hacia el futuro, incumpliendo la estabilidad exigida desde la UE.

Las CCAA y las EELL podrán hacer uso de un mayor nivel de gasto, beneficiando, especialmente, a aquellas que sean incumplidoras. Lamentablemente, se coadyuva a saltarse la legalidad vigente. En este caso, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera queda reducida a mínima expresión. Si bien, esa rebaja del déficit tampoco va a ser capaz de compensar, en todo caso, que no se devuelva el impuesto pendiente.

La ministra competente en materia de Hacienda, María Jesús Montero, proponía abrir la puerta a un nuevo Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con interés cero. En este sentido, aún se desconoce si va a poder ser suscrito por todas las CCAA y las que se acojan verán crecer su senda de endeudamiento. Es una huida hacia delante en la que se trata de encubrir el mayor déficit que experimentarán las CCAA como consecuencia del impago del IVA.

Tampoco se descarta descontar del cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria, en el ejercicio 2019, la parte de déficit que sea imputable al IVA. La cuestión surge en la medida que las CCAA entendían que iban a poder contar con esos recursos económicos para realizar sus gastos y no procedieron a materializar los ajustes correspondientes; generando así, el consiguiente desfase presupuestario. Si bien, lo único que se está realizando con este medida es falsear la realidad.

La última palabra la tendrá la Comisión Europea en la aprobación de los objetivos de las reglas fiscales, sin olvidar la vía judicial que se haya podido abrir.

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