UE

UNA ESTRATEGIA PARA EL MERCADO ÚNICO DIGITAL

El 21 de marzo del presente año, gracias a Margarita Castillo, Expansión Opinión me publicaba un artículo sobre el Mercado Único Digital que a continuación reproduzco:

“La configuración de la Unión Europea (UE) ha permitido que los Estados Miembros persigan conjuntamente el diseño de un marco común de actuación en la esfera política, económica y social; permitiendo poner fin a una etapa cargada de conflictos.

Estos acontecimientos y el hecho de “haber contribuido a lo largo de seis décadas al avance de la paz y reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa” le ha valido a la UE para obtener el Premio Nobel de la Paz 2012. Si bien en la actualidad la inestabilidad política, acentuada por los posibles resultados electorales del 26 de mayo, hace tambalear los cimientos de este proyecto europeo.

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Presupuesto

Presupuestos: las cuentas no cuadran

El 21 de febrero de 2019 me publicaban en el apartado de Opinión del diario económico Expansión Presupuestos: las cuentas no cuadran. A continuación reproduzco el artículo:

“La problemática comercial entre China y USA, el temor por el Brexit y sus consecuencias y el precio del petróleo son algunas de las notas características que dibujan el mercado exterior al que nos enfrentamos y que nos arrastra. Por su parte, desde un punto de vista interno, la pérdida de competitividad de las empresas es una realidad que deteriora la creación de empleo.

Por tanto, el diseño de políticas públicas ambiciosas por parte de los distintos gobiernos debe encaminarse hacia la consecución de unos objetivos que satisfagan el interés general y que permitan salir de la situación en la que estamos anclados.

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Finanzas, Fraude, Presupuesto, UE

La lucha contra el fraude en la Unión Europea

El jueves 17 de enero Expansión publica un artículo sobre “La lucha contra el fraude en la Unión Europea” con base en un Informe presentado por el Tribunal de Cuentas Europeo.

 

El presupuesto y su posterior control es una de nuestras preocupaciones fundamentales que atañe a todos los ámbitos de la Administración (local, autonómica y estatal) y de la que no se escapa la Unión Europea (UE).

Su control es ejercido, a grandes rasgos, en la esfera interna por las respectivas Intervenciones, y en la externa por los Órganos de Control Externo (OCEx) y el Tribunal de Cuentas (TCu). En el marco de la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCu UE) ejercen sus facultades garantizando la legalidad y estabilidad financiera de las operaciones presupuestarias, en términos generales, luchando contra el fraude.

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Presupuesto

¿Presupuestos Generales de 2019 o prórroga presupuestaria?

El 7 de diciembre veía publicado mi artículo ¿Presupuestos Generales de 2019 o prórroga presupuestaria? en Expansión. A continuación lo reproduzco:

En los últimos tiempos el euroescepticismo es el “modus operandi” de los países que conforman la Unión Europea (UE) y el incumplimiento de la senda de consolidación fiscal se presenta, desgraciadamente, como la “guinda”.

Países como Polonia y Hungría han recibido un toque de atención por su oposición a esta línea de actuación. En concreto, podemos observar la difícil situación que atraviesa la UE, en su conjunto, mediante el análisis de las distintas cartas emitidas por la Comisión Europea y remitidas a Portugal (19 de octubre), Eslovenia (19 de octubre), Francia (19 de octubre), Bélgica (19 de octubre), Italia (13 de noviembre, 23 de octubre, 18 de octubre y 5 de octubre), España (19 de octubre), Grecia (20 noviembre) y Eslovaquia (20 noviembre).

Este es el panorama actual, en breves líneas, de los países que conforman el ámbito comunitario y su situación en materia presupuestaria.

Centrándonos en Italia, la Comisión Europea pretende abrirle un expediente por déficit excesivo por disponer de una elevada deuda pública (aproximadamente del 131% PIB en el ejercicio 2017) y por la ausencia de medidas para reducirla. Es más, el abandono de las reformas estructurales es una realidad. La desidia y/o dejadez se reflejan en el incumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La situación no será la misma, en España que en Italia, no digo que lo sea. Pero lo que sí es evidente es que en ambos casos existe un incumplimiento presupuestario y “una llamada de atención” por parte de la Comisión Europea a ambos países. De hecho, España ha sido requerida para corregir el déficit del 2018, y para el 2019 estará sometida a las medidas correctivas del Pacto.

De hecho, el proyecto de presupuestos elaborado por España también pone de relieve un riesgo potencial de quebrantamiento de los cánones marcados en el PEC. Las previsiones de incumplimiento son elocuentes en materia de objetivos presupuestarios a medio plazo y de deuda pública. Las cifras derivadas de la política fiscal no encajan. Son estas algunas de las cuestiones que se planteaban en el informe remitido por Bruselas, el 21 de noviembre, que reiteran de forma más detallada lo planteado en anteriores requerimientos.

Preocupante

Es preocupante que la tónica presupuestaria en boga sea el incremento del gasto público, sin control; así como el crecimiento desmedido de la deuda pública. Se espera alcanzar una ratio de deuda del 96,9% del PIB en 2018 (la línea roja para corregir un déficit excesivo), excediendo del valor de referencia del 60%. Además destaca la ausencia de reformas estructurales que nos mantengan dentro de la senda del crecimiento económico y de la estabilidad presupuestaria.

Por todo ello, la Comisión está ojo avizor sobre el déficit estructural de España, con el fin de analizar la situación real del Estado. Si bien, la dificultad para realizar un análisis minucioso, ante la falta de información reclamada y no suministrada totalmente por parte del Gobierno de España es un hecho. El boceto no otorga ni un dibujo completo de las medidas planificadas ni de la información requerida de acuerdo con el Código de Conducta del Two-Pack (datos sobre los gastos en inversiones completamente financiados por los fondos comunitarios, productividad laboral, datos sobre el empleo…).

La Comisión temía por la falta de actualización del borrador que no había llegado al Parlamento español en forma de proyecto presupuestario y viendo lo crucial de la necesidad del Presidente de España de conseguir tantos “adeptos” que aprobasen dicho proyecto, cuando se llegasen a materializar las modificaciones, dicho coloquialmente, “no se le parecería ni a su sombra”.

El 13 de julio del 2018, el Consejo remitió a España un conjunto de recomendaciones en el seno del Semestre Europeo que tampoco han visto sus frutos; especialmente en lo que a las finanzas públicas se refiere. Además se debe asegurar que la tasa de crecimiento nominal de los gastos primarios netos no exceda del 0,6% en el 2019, lo que se correspondería con un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 7.600 millones de euros. De hecho, la tan demanda reformulación de la regla de gasto regulada en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, también brilla por sus ausencia.

Bruselas critica a España, entre otras cuestiones, por no ser capaz de diseñar mecanismos que le permitan corregir las desviaciones de los déficits fiscales.

Después de alcanzar la línea del déficit del 3,1% del PIB en 2017, tal y como se le requirió en agosto del 2016 al Gobierno español, las previsiones de la Comisión prevén que el objetivo del déficit del 2,2% del PIB para el 2018 y del 1,3% en el 2019 no se cumplirán. Está previsto que se alcance el 2,7% y el 1,8%, respectivamente.

Para cerrar el círculo, dos organismos internacionales, el FMI y la OCDE, revisaron a la baja las previsiones de nuestro país: con un descenso en dos décimas en 2018, al 2,5% PIB y 2,6% PIB, respectivamente y una merma hasta el 2,2% para el 2019.

Miedo me da que nos vayamos pareciendo poco a poco a Italia en este sentido.”

Hipoteca, Sentencia, Tribunal Supremo

LA INCERTIDUMBRE HIPOTECARIA

Recientemente, tuve el gusto de publicar en Expansión, en la sección de Opinión, un breve artículo sobre la incertidumbre hipotecaria.  Quizás uno de los temas más “candentes” en esos momentos. Una vez más aprovecho para agradecer que en sus páginas, el diario Expansión, me autorice a “depositar” mis opiniones.

Concretamente el 16 de noviembre, decidí adentrarme en el conflictivo mundo de las hipotecas, los tributos y las sentencias judiciales.De ahí, nació este artículo que a continuación os reproduzco y cuyo texto íntegro podéis ver en prensa digital y en este blog.

Meses llevamos hablando de la existencia de una inestabilidad política que extiende sus tentáculos hacia la economía, analizada en toda su amplitud; generando así un clima de “fluctuación” económica.

La prima de riesgo sube, los inversores reducen su interés por nuestro país, los datos del mercado de empleo no son alentadores…Por su parte, la OCDE, entre otros organismos, ha advertido del enfriamiento de la economía española, como pone de relieve el índice compuesto de indicadores líderes (CLI) que descendió desde 99,19 puntos en septiembre hasta los 98,87, sumando ya ocho caídas mensuales.

 

Las entidades bancarias se ven criticadas día sí y día también y, sin embargo, sin ellas no podemos vivir; pero no están solas, el mercado hipotecario también se tambalea.

En los últimos tiempos se le une a estas cuestiones la puesta en tela de juicio de la justicia. Podríamos hablar de ella desde distintos puntos de vista; si bien, nos vamos a centrar en un tema tan controvertido como es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). De hecho, mientras que los mercados se preocupaban por las elecciones de EEUU, la Bolsa española estaba más centrada en este asunto impositivo.

Hace un mes, aproximadamente, hemos observado un cambio de criterio con respecto al concepto del sujeto pasivo del ITP y AJD. De forma que, si con la STS de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo se consideraba que el prestatario era el cliente, siguiendo el Reglamento del ITP y AJD (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo), con las nuevas SSTS 1505/2018, de 16 de octubre de 2018, 1523/2018, de 22 de octubre y 1531/2018, de 23 de octubre, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo se anula el art. 68.2 de dicho Reglamento. Además la interpretación del art. 29 del Texto Refundido de la Ley del ITP y AJD (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre) sostiene que el sujeto pasivo pasa a ser el prestamista, es decir, en este caso la entidad bancaria.

Efecto económico sobre las arcas públicas

Lo que estamos obviando es el efecto económico que sobre las arcas públicas de los distintos gobiernos autonómicos se va a producir y por ende que el objetivo del déficit público se pueda incrementar aún más es una realidad.

Ante estas circunstancias de alteración de posicionamiento del Tribunal Supremo, lo cual es factible, “que nadie se lleve a engaño”, observábamos dos cuestiones esenciales, por un lado, la duda de quién debía pagar el impuesto, si era el cliente o la banca; y, por otro, su retroactividad.

El debate judicial se puso en marcha con la avocación de las cuestiones pendientes a un Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que duró dos largos días y con él, el debate mediático -el morbo-, de tanta o más importancia que el anterior. El resultado se pretendía resolver tras largas deliberaciones que culminan en una vuelta al pasado: el cliente es el sujeto pasivo, tal como se reconoce en la última Sentencia del Tribunal Supremo en su Sala Tercera, con fecha 6 de noviembre.

Aprovechando la coyuntura, el Gobierno “salta a la palestra”, con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre (RD-L). Las prisas nunca son buenas consejeras y este RD-L es un reflejo más de ello al determinar como causa de “urgente y extraordinaria necesidad” la existencia de inseguridad jurídica, cuando no existe mayor seguridad que mantener un criterio jurídico que se venía aplicando durante más de 20 años. Lo que no debemos ni podemos confundir es el criterio de excepcionalidad con el de oportunidad política. Sería loable que no se tratase de injerir en la legalidad vigente, en este caso, en la jurisprudencia vigente a “golpe” de Real Decreto Ley.

Futura ley con futuro incierto

La futura, con futuro incierto, Ley Hipotecaria -Ley Reguladora de los contratos de crédito inmobiliario- es una realidad cuya aprobación se lleva esquivando durante años. Si bien, incorporar parcialmente al ordenamiento español la protección prevista en la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de créditos celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, así como reforzar la tan reclamada seguridad jurídica, para ambas partes, y garantizar el equilibrio entre las partes contratantes es una necesidad.

El ITP y AJD lleva años entre nosotros y, sin embargo, poco o nada se ha dicho al respecto. Nos acompañaba como un impuesto más, no se opinaba sobre él; pasaba inadvertido, en ocasiones, o era asumido con “resignación” en otras. Si bien, actualmente, las voces, cada vez más altas, más críticas, abogan por convertir este tributo en una tasa o proceder a su supresión.

En los países europeos, tales como Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Austria, en los que existe una tributación similar al AJD, el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario. Lo mismo sucede en las regiones españolas con capacidad normativa al respecto: País Vasco y Navarra.

Quizás fuese este un buen momento para plantearse la supresión de este tributo en la medida que, su recaudación es volátil y reducida. Además países como Reino Unido, Alemania u Holanda no lo aplican. Allí donde lo recaudan la repercusión en el cliente es menor, tales como Francia, Italia y Portugal.

Cabe dar un “vuelta de tuerca más”, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es un hecho factible, en el marco de esta incertidumbre.

Vemos, por desgracia, como todos los pilares de la democracia están atravesando desafortunados momentos. Algo está pasando en mi entorno y no soy capaz de entenderlo; por lo que me gustaría coadyuvar a su fortalecimiento.”

Espero que nos haya ayudado a todos a ordenar la maraña de Sentencias existentes en este ámbito y tan cercanas en el tiempo.

 

 

Cataluña, CCAA, Finanzas, Independencia, Partidos Políticos, Pensiones

La Constitución Española “marca el paso” de la declaración de independencia

Hace una semana Expansión publicaba un artículo sobre las consecuencias económicas de una posible independencia en Cataluña La Constitución Española “marca el paso” de la declaración de independencia que viene a configurarse como una segund parte del artículo  “Catal-exit”: sus consecuencias para la economía

El pasado fin de semana miles, millones de españoles nos llenamos de orgullo y pudimos decir ¡por fin somos patrióticos!

Cuántas veces hablamos de Francia o USA como los paradigmas de los defensores de la patria y de sus símbolos: la bandera y el himno. España y los españoles siempre nos consideramos alejados de estos valores; si bien, en esta ocasión, las banderas en los balcones y los “manifestantes” pacíficos por las distintas ciudades de nuestra Nación la colorean de vida y unidad.

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CCAA, Finanzas, Partidos Políticos, Pensiones

“CATAL-EXIT”: SUS CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA

El 27 de septiembre Expansión me publicaba el artículo de opinión titulado “Catal-exit”: sus consecuencias para la economía. A través de él trataba de reflejar de forma abreviada las principales consecuencias que para la economía tendrían la salida de Cataluña de nuestro país y por ende de la UE.

Meses, o más bien años, llevamos debatiendo la “salida” de Cataluña: su independencia. Un “Brexit” con una pequeña diferencia.

Este acto de separatismo producirá efectos adversos para la región, para sus ciudadanos y para España. Entre ellos se encuentran los económicos tales como las pensiones, la deslocalización empresarial o su salida de la UE. Sus consecuencias serán perniciosas: el freno a la recuperación económica, el aumento de la prima de riesgo o la desaceleración de la creación de empleo, entre otros.

Quiero resaltar algunos de los catastróficos datos que arroja el proceso deslocalizador basado en la huida de empresas desde la autonomía “conflictiva” hasta otras regiones del país. Su tejido empresarial se ha visto mermado en casi una década en más 2.600 empresas.

De hecho, la pérdida de la cifra de negocios en el ejercicio 2016 fue de unos 1.300 millones de euros. El Presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Mou, ha llegado a hablar de la posibilidad de entrar en una situación de “colapso económico”.

Si llegase a producirse el fatídico hecho, Cataluña sería expulsada de la UE, con todo lo que ello conlleva: pérdida de la moneda comunitaria, libre circulación de bienes, servicios y trabajadores… tendría las mismas dificultades con las que se está encontrando Reino Unido, pero con una “pequeña diferencia”.

Algunos empresarios temen su repercusión económica. Catal-exit sería una realidad. De hecho, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker reconoció que Cataluña no recibiría un trato privilegiado, y debería adecuarse al procedimiento de adhesión al que debe someterse cualquier país que desee acceder a la UE. Por tanto, el proceso no sería “visto y no visto”, sino que sería un proceso largo en el tiempo.

El turismo se está viendo seriamente perjudicado, en mayor medida el nacional, que ve con cierto “respeto” acudir a una zona donde la beligerancia es la nota característica de los últimos tiempos.

¿Por qué no hablar también de las pensiones de los catalanes? Unas pensiones que superan en unos 4.700 millones las cotizaciones que pagan sus trabajadores. Son deficitarias y sufragadas gracias a la solidaridad interregional. Según datos del Ministerio competente en la materia, el déficit de Cataluña fue de 1.900 millones de euros entre los meses de enero y julio.

Lamentablemente, el otro gran damnificado, sería y es el mercado de trabajo; fruto de los efectos negativos ejercidos sobre las principales variables macroeconómicas y, en particular, sobre el PIB y el empleo. Según los expertos, esta Comunidad perdería más de 250.000 puestos de trabajo y su PIB se reduciría en un 5% como mínimo.

Múltiples medidas

Múltiples son las medidas que le concede la legislación al Gobierno de España para prevenir o poner punto y final a cualquier atisbo de “rebeldía” por parte de una Comunidad Autónoma.

Ante posibles incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, el Gobierno debe hacer uso de las herramientas legales que están en su mano en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De hecho, como medidas preventivas no hay nada mejor que aplicar el art. 18 de esta Ley que reconoce el derecho de las Administraciones Públicas a realizar un seguimiento de la ejecución presupuestaria, ajustándose el gasto público.

Se pueden añadir las medidas de corrección que se aplicarán cuando el Gobierno observe que, en virtud de los informes exigidos, se pone de relieve el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública, o de la regla de gasto. En cuyo caso, todas las operaciones de endeudamiento requerirán la correspondiente autorización, debiendo elaborarse los planes económicos-financieros y los de reequilibrio, según las circunstancias.

Un paso más se puede dar con la aplicación de las medidas coercitivas del art. 25, exigiendo la no disponibilidad de créditos. Dada la situación catalana y a la vista del manifiesto incumplimiento, “con nocturnidad y alevosía”, de la legalidad vigente, el Gobierno dispondrá un Acuerdo de no disponibilidad, de forma que Cataluña no podrá pagar gastos no comprometidos, salvo que afecten a los servicios públicos esenciales.

Es más, deberá comunicar al Estado todos y cada uno de los pagos pendientes que afecten a esos servicios públicos, impidiendo que financien el referéndum ilegal. Será el Estado quien abone directamente las nóminas de los empleados públicos y las facturas a los proveedores.

También se solicitará colaboración a las entidades de crédito con el fin de evitar que financien un referéndum ilegal, en línea con las medidas de blanqueo de capitales y todas las operaciones de endeudamiento, sean a corto o largo plazo, requerirán la correspondiente autorización previa del Consejo de Ministros.

¡En fin! Ha llegado ese momento en España. Cataluña es una comunidad autónoma que quiere saltarse la legalidad, que cree que debe de tener un trato preferencial frente al resto de territorios que conforman nuestro país. Esa actitud prepotente no se puede admitir, si queremos pagar las pensiones, prestar los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales de forma eficiente.

España como un todo, como la indisoluble unidad de la nación española, no puede verse alterada ni afectada por este tipo de comportamientos secesionistas. El temor podría tener un efecto rebote en otras regiones.”

CCAA, Empleo, Finanzas, Mercado de trabajo, Políticas Públicas

Algunas variables económicas reflejan el futuro de España

Hoy os presento en este post una entrada publicada en el diario Expansión, el día 21 de agosto de 2017, en la que trato de analizar brevemente algunas variables económicas que se observan en España y reflejan el futuro de nuestro país.

Ni los ciclos ni las crisis económicas se repiten con las mismas características.

Recordemos cómo el economista Irving Fisher analizó los ciclos económicos en Estados Unidos, identificando las depresiones de los años veinte y setenta en el s. XIX. En todas ellas hubo unas notas comunes: sobreendeudamiento, descapitalización del sistema bancario y el “colapso del crédito” que condujeron hacia la depresión y la deflación. Son aspectos todos ellos que, por desgracia, se reiteraron en nuestro país con la última recesión económica.

Los principales resultados observados fruto de la aplicación de las políticas reformistas del Gobierno de la Nación reflejan cómo el empleo pasó de sufrir una pérdida de 3,4 millones de personas entre 2008-2011 a crear 1,5 millones de puestos de trabajo entre 2014-2016, con una tasa de crecimiento de 2,3%. La tasa de crecimiento económico era negativa del 0,3% en el 2011 pasando a ser positiva con el 3,2% en el 2016. El déficit público se redujo desde un 9% en el 2011 hasta el 4,33% en el 2016. Datos y más datos podríamos seguir ofreciendo que ponen en evidencia la situación económica en la que nos encontramos.

Debemos estar de acuerdo que uno de los pilares esenciales de cualquier Gobierno debe ser el de promover la reducción del déficit público, avanzando así hacia la estabilidad presupuestaria. Las normas que se encuentran reguladas en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, han traído consigo la modificación de la Carta Magna, en su artículo 135. Dicha normativa se desarrolla a través de una Ley, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Un problema más profundo

Las razones por las que se ha de avanzar en la consecución de la estabilidad presupuestaria no son meramente normativas. El problema es más profundo, en la medida que el elevado nivel de deuda pública acumulado deteriora la situación económica. Si bien, se espera que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, pase del 4,33% del Producto Interior Bruto (PIB) del año 2016 al 1,3% en 2019 y se prevé que la deuda pública se vaya reduciendo hasta situarse en el 95,4% en el año 2019.

El Consejo de Ministros ha remitido en abril a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad de España 2017-2020 y el Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2017, cuyas previsiones macroeconómicas han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

En dicho Programa se pone de manifiesto, a través de un conjunto de variables, que las reformas han comenzado a dar sus frutos. De hecho, el PIB español creció un 3,2% en 2016. Se han creado más de 400.000 nuevos puestos de trabajo en ese mismo año, equivalente a un 2,3% de crecimiento interanual. Además, el desempleo disminuyó un 18,6%, equivalente a más de 540.000 personas. El crecimiento del consumo en los hogares fue de un 3,2% al cierre de ese mismo ejercicio.

Estos datos ponen de manifiesto, que si el Gobierno de la Nación continúa avanzando de forma efectiva en la aplicación de estas políticas, España habrá logrado generar unos 20 millones de empleos en el año 2020, con una tasa de desempleo de poco más del 13%.

Para conseguir estas magnitudes el Programa Nacional de Reformas ha diseñado cinco líneas de actuación: creación de empleo e inclusión social; avance en el aumento de la eficacia y la competencia en los mercados de bienes y servicios; respaldo a la actividad emprendedora y al desarrollo empresarial; impulso al crecimiento sostenible, centrado en la I+D, y eficiencia en la gestión de la Administración Pública.

Tampoco hemos de olvidarnos del proceso de fusiones bancarias que se han de llevar a cabo en España y fuera de ella. En palabras de José Manuel González-Páramo, es preciso avanzar en el cambio de modelo de negocio bancario fruto de la creciente digitalización de las comunicaciones y las políticas del Banco Central Europeo.

Reforma de la financiación autonómica

Ha llegado el momento de reformar el sistema de financiación autonómica con el fin de garantizar un nivel mínimo de servicios públicos en todos los territorios y una financiación estable y suficiente con independencia de la coyuntura económica.

Además, la lucha contra el fraude en la evasión fiscal seguirá siendo una prioridad para este Gobierno; habiéndose recaudado, entre 2012 y 2016, 50.449 millones de euros.

En el ámbito europeo, el Gobierno seguirá colaborando en el diseño de la nueva gobernanza económica e impulsando una reforma ambiciosa de la Unión Económica y Monetaria.

“La economía española ha vuelto a crecer y actualmente está liderando el crecimiento de empleo en Europa” según palabras de Marcel Jansen en “El legado de la crisis: El mercado de trabajo español y las secuelas de la gran recesión”. En cuyo informe pone en tela de juicio la posibilidad de mantenernos en esta senda, si no se siguen tomando medidas adecuadas.”

CCAA, Presupuesto, Techo de gasto

Techo de gasto o la politización de una cuestión técnica

Mientras algunos disfrutan de sus merecidas vacaciones con un día de sol y playa; en el Congreso de  los Diputados, el día 11 de julio, se aprueba el techo de gasto, base de la estabilidad presupuestaria, así como nuevos objetivos de déficit y deuda pública para 2018-2020. Ha recibido el visto bueno del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. La abstención ha sido de Nueva Canarias.

Este Acuerdo permitirá mejorar los salarios de los funcionarios en el ejercicio 2018, garantizará una rebaja del IRPF para aquellas rentas más bajas, así como están previstas deducciones por determinadas cargas familiares, o para las personas con discapacidad y aportará unos 1.000 millones más para gasto social.

Déficit Público

2018

2019

2020

AGE

0.7%

0.3%

SS

1.1%

0.9%

0.5%

CCAA

0.4%

0.1%

EELL

0%

0%

TOTAL

2.2%

1.3%

0.5%

El martes 11 de julio tuve la suerte de ver publicado este artículo Techo de gasto o la politización de una cuestión técnica  en la prensa económica Expansión.

 

El techo de gasto ha cobrado vida y se “ha puesto de moda” sin que éste lleve aparejado una nueva regulación al respecto.

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Presupuesto

Presupuestos Generales del Estado: nuestro futuro inmediato

 

Pool Moncloa/ J.M.Cuadrado
Pool Moncloa/ J.M.Cuadrado

 

Os dejo en este post un reciente artículo publicado por Expansión, el día 29 de mayo de 2017, sobre los PGE que actualmente se están negociando en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con la aprobación de las correspondientes enmiendas.

Presupuestos Generales del Estado: nuestro futuro inmediato

Este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2017 refleja, en sus cifras, su carácter eminentemente social. Este hecho es innegable.

 

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Asturias, CCAA, Fiscalidad, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Tributos

Supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la financiación autonómica

El lunes, 24 de marzo, tuve la suerte de ver cómo Expansión me publicaba un artículo de opinión sobre un tema tan controvertido como es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo cedido a las Comunidades Autónomas. A continuación reproduzco Supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la financiación autonómica:

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Economía, Finanzas, Fiscalidad

La encrucijada de las cláusulas suelo

La encrucijada de las cláusulas suelo, en la que nos encontramos inmersos, es una de las cuestiones que más nos preocupan en la actualidad a todos aquellos que tenemos créditos hipotecarios. Es preciso que analicemos una de las cláusulas que tenemos en el contrato, concretamente, la cláusula tercera.

El día 22 de enero Expansión publicaba el siguiente artículo que sintetiza los antecedentes y el nuevo Real Decreto Ley que regula las cláusulas suelo y el procedimiento extrajudicial que se pueda aplicar por parte de los afectados.

La encrucijada de las cláusulas suelo

En breve se cumplirán cuatro años desde la primera vez que se declaró abusiva una cláusula suelo.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, reconocía la nulidad de aquellas cláusulas calificadas como abusivas, al considerarse violación del principio de transparencia en una de las cláusulas que pueden figurar en un contrato de préstamo garantizado con hipoteca, impidiendo que los tipos de interés del principal desciendan por debajo de lo que se conoce como “suelo”.

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