El 7 de diciembre veía publicado mi artículo ¿Presupuestos Generales de 2019 o prórroga presupuestaria? en Expansión. A continuación lo reproduzco:
En los últimos tiempos el euroescepticismo es el «modus operandi» de los países que conforman la Unión Europea (UE) y el incumplimiento de la senda de consolidación fiscal se presenta, desgraciadamente, como la «guinda».
Países como Polonia y Hungría han recibido un toque de atención por su oposición a esta línea de actuación. En concreto, podemos observar la difícil situación que atraviesa la UE, en su conjunto, mediante el análisis de las distintas cartas emitidas por la Comisión Europea y remitidas a Portugal (19 de octubre), Eslovenia (19 de octubre), Francia (19 de octubre), Bélgica (19 de octubre), Italia (13 de noviembre, 23 de octubre, 18 de octubre y 5 de octubre), España (19 de octubre), Grecia (20 noviembre) y Eslovaquia (20 noviembre).
Este es el panorama actual, en breves líneas, de los países que conforman el ámbito comunitario y su situación en materia presupuestaria.
Centrándonos en Italia, la Comisión Europea pretende abrirle un expediente por déficit excesivo por disponer de una elevada deuda pública (aproximadamente del 131% PIB en el ejercicio 2017) y por la ausencia de medidas para reducirla. Es más, el abandono de las reformas estructurales es una realidad. La desidia y/o dejadez se reflejan en el incumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
La situación no será la misma, en España que en Italia, no digo que lo sea. Pero lo que sí es evidente es que en ambos casos existe un incumplimiento presupuestario y «una llamada de atención» por parte de la Comisión Europea a ambos países. De hecho, España ha sido requerida para corregir el déficit del 2018, y para el 2019 estará sometida a las medidas correctivas del Pacto.
De hecho, el proyecto de presupuestos elaborado por España también pone de relieve un riesgo potencial de quebrantamiento de los cánones marcados en el PEC. Las previsiones de incumplimiento son elocuentes en materia de objetivos presupuestarios a medio plazo y de deuda pública. Las cifras derivadas de la política fiscal no encajan. Son estas algunas de las cuestiones que se planteaban en el informe remitido por Bruselas, el 21 de noviembre, que reiteran de forma más detallada lo planteado en anteriores requerimientos.
Preocupante
Es preocupante que la tónica presupuestaria en boga sea el incremento del gasto público, sin control; así como el crecimiento desmedido de la deuda pública. Se espera alcanzar una ratio de deuda del 96,9% del PIB en 2018 (la línea roja para corregir un déficit excesivo), excediendo del valor de referencia del 60%. Además destaca la ausencia de reformas estructurales que nos mantengan dentro de la senda del crecimiento económico y de la estabilidad presupuestaria.
Por todo ello, la Comisión está ojo avizor sobre el déficit estructural de España, con el fin de analizar la situación real del Estado. Si bien, la dificultad para realizar un análisis minucioso, ante la falta de información reclamada y no suministrada totalmente por parte del Gobierno de España es un hecho. El boceto no otorga ni un dibujo completo de las medidas planificadas ni de la información requerida de acuerdo con el Código de Conducta del Two-Pack (datos sobre los gastos en inversiones completamente financiados por los fondos comunitarios, productividad laboral, datos sobre el empleo…).
La Comisión temía por la falta de actualización del borrador que no había llegado al Parlamento español en forma de proyecto presupuestario y viendo lo crucial de la necesidad del Presidente de España de conseguir tantos «adeptos» que aprobasen dicho proyecto, cuando se llegasen a materializar las modificaciones, dicho coloquialmente, «no se le parecería ni a su sombra».
El 13 de julio del 2018, el Consejo remitió a España un conjunto de recomendaciones en el seno del Semestre Europeo que tampoco han visto sus frutos; especialmente en lo que a las finanzas públicas se refiere. Además se debe asegurar que la tasa de crecimiento nominal de los gastos primarios netos no exceda del 0,6% en el 2019, lo que se correspondería con un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 7.600 millones de euros. De hecho, la tan demanda reformulación de la regla de gasto regulada en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, también brilla por sus ausencia.
Bruselas critica a España, entre otras cuestiones, por no ser capaz de diseñar mecanismos que le permitan corregir las desviaciones de los déficits fiscales.
Después de alcanzar la línea del déficit del 3,1% del PIB en 2017, tal y como se le requirió en agosto del 2016 al Gobierno español, las previsiones de la Comisión prevén que el objetivo del déficit del 2,2% del PIB para el 2018 y del 1,3% en el 2019 no se cumplirán. Está previsto que se alcance el 2,7% y el 1,8%, respectivamente.
Para cerrar el círculo, dos organismos internacionales, el FMI y la OCDE, revisaron a la baja las previsiones de nuestro país: con un descenso en dos décimas en 2018, al 2,5% PIB y 2,6% PIB, respectivamente y una merma hasta el 2,2% para el 2019.
Miedo me da que nos vayamos pareciendo poco a poco a Italia en este sentido.»
El 21 de febrero de 2019 me publicaban en el apartado de Opinión del diario económico Expansión 
Emma Ramos 