Ni los ciclos ni las crisis económicas se repiten con las mismas características.
Recordemos cómo el economista Irving Fisher analizó los ciclos económicos en Estados Unidos, identificando las depresiones de los años veinte y setenta en el s. XIX. En todas ellas hubo unas notas comunes: sobreendeudamiento, descapitalización del sistema bancario y el «colapso del crédito» que condujeron hacia la depresión y la deflación. Son aspectos todos ellos que, por desgracia, se reiteraron en nuestro país con la última recesión económica.
Los principales resultados observados fruto de la aplicación de las políticas reformistas del Gobierno de la Nación reflejan cómo el empleo pasó de sufrir una pérdida de 3,4 millones de personas entre 2008-2011 a crear 1,5 millones de puestos de trabajo entre 2014-2016, con una tasa de crecimiento de 2,3%. La tasa de crecimiento económico era negativa del 0,3% en el 2011 pasando a ser positiva con el 3,2% en el 2016. El déficit público se redujo desde un 9% en el 2011 hasta el 4,33% en el 2016. Datos y más datos podríamos seguir ofreciendo que ponen en evidencia la situación económica en la que nos encontramos.
Debemos estar de acuerdo que uno de los pilares esenciales de cualquier Gobierno debe ser el de promover la reducción del déficit público, avanzando así hacia la estabilidad presupuestaria. Las normas que se encuentran reguladas en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, han traído consigo la modificación de la Carta Magna, en su artículo 135. Dicha normativa se desarrolla a través de una Ley, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Un problema más profundo
Las razones por las que se ha de avanzar en la consecución de la estabilidad presupuestaria no son meramente normativas. El problema es más profundo, en la medida que el elevado nivel de deuda pública acumulado deteriora la situación económica. Si bien, se espera que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, pase del 4,33% del Producto Interior Bruto (PIB) del año 2016 al 1,3% en 2019 y se prevé que la deuda pública se vaya reduciendo hasta situarse en el 95,4% en el año 2019.
El Consejo de Ministros ha remitido en abril a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad de España 2017-2020 y el Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2017, cuyas previsiones macroeconómicas han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En dicho Programa se pone de manifiesto, a través de un conjunto de variables, que las reformas han comenzado a dar sus frutos. De hecho, el PIB español creció un 3,2% en 2016. Se han creado más de 400.000 nuevos puestos de trabajo en ese mismo año, equivalente a un 2,3% de crecimiento interanual. Además, el desempleo disminuyó un 18,6%, equivalente a más de 540.000 personas. El crecimiento del consumo en los hogares fue de un 3,2% al cierre de ese mismo ejercicio.
Estos datos ponen de manifiesto, que si el Gobierno de la Nación continúa avanzando de forma efectiva en la aplicación de estas políticas, España habrá logrado generar unos 20 millones de empleos en el año 2020, con una tasa de desempleo de poco más del 13%.
Para conseguir estas magnitudes el Programa Nacional de Reformas ha diseñado cinco líneas de actuación: creación de empleo e inclusión social; avance en el aumento de la eficacia y la competencia en los mercados de bienes y servicios; respaldo a la actividad emprendedora y al desarrollo empresarial; impulso al crecimiento sostenible, centrado en la I+D, y eficiencia en la gestión de la Administración Pública.
Tampoco hemos de olvidarnos del proceso de fusiones bancarias que se han de llevar a cabo en España y fuera de ella. En palabras de José Manuel González-Páramo, es preciso avanzar en el cambio de modelo de negocio bancario fruto de la creciente digitalización de las comunicaciones y las políticas del Banco Central Europeo.
Reforma de la financiación autonómica
Ha llegado el momento de reformar el sistema de financiación autonómica con el fin de garantizar un nivel mínimo de servicios públicos en todos los territorios y una financiación estable y suficiente con independencia de la coyuntura económica.
Además, la lucha contra el fraude en la evasión fiscal seguirá siendo una prioridad para este Gobierno; habiéndose recaudado, entre 2012 y 2016, 50.449 millones de euros.
En el ámbito europeo, el Gobierno seguirá colaborando en el diseño de la nueva gobernanza económica e impulsando una reforma ambiciosa de la Unión Económica y Monetaria.
«La economía española ha vuelto a crecer y actualmente está liderando el crecimiento de empleo en Europa» según palabras de Marcel Jansen en «El legado de la crisis: El mercado de trabajo español y las secuelas de la gran recesión». En cuyo informe pone en tela de juicio la posibilidad de mantenernos en esta senda, si no se siguen tomando medidas adecuadas.»
Emma Ramos 