Categoría: Finanzas

El 27 de septiembre Expansión me publicaba el artículo de opinión titulado «Catal-exit»: sus consecuencias para la economía. A través de él trataba de reflejar de forma abreviada las principales consecuencias que para la economía tendrían la salida de Cataluña de nuestro país y por ende de la UE.

Meses, o más bien años, llevamos debatiendo la «salida» de Cataluña: su independencia. Un «Brexit» con una pequeña diferencia.

Este acto de separatismo producirá efectos adversos para la región, para sus ciudadanos y para España. Entre ellos se encuentran los económicos tales como las pensiones, la deslocalización empresarial o su salida de la UE. Sus consecuencias serán perniciosas: el freno a la recuperación económica, el aumento de la prima de riesgo o la desaceleración de la creación de empleo, entre otros.

Quiero resaltar algunos de los catastróficos datos que arroja el proceso deslocalizador basado en la huida de empresas desde la autonomía «conflictiva» hasta otras regiones del país. Su tejido empresarial se ha visto mermado en casi una década en más 2.600 empresas.

De hecho, la pérdida de la cifra de negocios en el ejercicio 2016 fue de unos 1.300 millones de euros. El Presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Mou, ha llegado a hablar de la posibilidad de entrar en una situación de «colapso económico».

Si llegase a producirse el fatídico hecho, Cataluña sería expulsada de la UE, con todo lo que ello conlleva: pérdida de la moneda comunitaria, libre circulación de bienes, servicios y trabajadores… tendría las mismas dificultades con las que se está encontrando Reino Unido, pero con una «pequeña diferencia».

Algunos empresarios temen su repercusión económica. Catal-exit sería una realidad. De hecho, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker reconoció que Cataluña no recibiría un trato privilegiado, y debería adecuarse al procedimiento de adhesión al que debe someterse cualquier país que desee acceder a la UE. Por tanto, el proceso no sería «visto y no visto», sino que sería un proceso largo en el tiempo.

El turismo se está viendo seriamente perjudicado, en mayor medida el nacional, que ve con cierto «respeto» acudir a una zona donde la beligerancia es la nota característica de los últimos tiempos.

¿Por qué no hablar también de las pensiones de los catalanes? Unas pensiones que superan en unos 4.700 millones las cotizaciones que pagan sus trabajadores. Son deficitarias y sufragadas gracias a la solidaridad interregional. Según datos del Ministerio competente en la materia, el déficit de Cataluña fue de 1.900 millones de euros entre los meses de enero y julio.

Lamentablemente, el otro gran damnificado, sería y es el mercado de trabajo; fruto de los efectos negativos ejercidos sobre las principales variables macroeconómicas y, en particular, sobre el PIB y el empleo. Según los expertos, esta Comunidad perdería más de 250.000 puestos de trabajo y su PIB se reduciría en un 5% como mínimo.

Múltiples medidas

Múltiples son las medidas que le concede la legislación al Gobierno de España para prevenir o poner punto y final a cualquier atisbo de «rebeldía» por parte de una Comunidad Autónoma.

Ante posibles incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, el Gobierno debe hacer uso de las herramientas legales que están en su mano en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De hecho, como medidas preventivas no hay nada mejor que aplicar el art. 18 de esta Ley que reconoce el derecho de las Administraciones Públicas a realizar un seguimiento de la ejecución presupuestaria, ajustándose el gasto público.

Se pueden añadir las medidas de corrección que se aplicarán cuando el Gobierno observe que, en virtud de los informes exigidos, se pone de relieve el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública, o de la regla de gasto. En cuyo caso, todas las operaciones de endeudamiento requerirán la correspondiente autorización, debiendo elaborarse los planes económicos-financieros y los de reequilibrio, según las circunstancias.

Un paso más se puede dar con la aplicación de las medidas coercitivas del art. 25, exigiendo la no disponibilidad de créditos. Dada la situación catalana y a la vista del manifiesto incumplimiento, «con nocturnidad y alevosía», de la legalidad vigente, el Gobierno dispondrá un Acuerdo de no disponibilidad, de forma que Cataluña no podrá pagar gastos no comprometidos, salvo que afecten a los servicios públicos esenciales.

Es más, deberá comunicar al Estado todos y cada uno de los pagos pendientes que afecten a esos servicios públicos, impidiendo que financien el referéndum ilegal. Será el Estado quien abone directamente las nóminas de los empleados públicos y las facturas a los proveedores.

También se solicitará colaboración a las entidades de crédito con el fin de evitar que financien un referéndum ilegal, en línea con las medidas de blanqueo de capitales y todas las operaciones de endeudamiento, sean a corto o largo plazo, requerirán la correspondiente autorización previa del Consejo de Ministros.

¡En fin! Ha llegado ese momento en España. Cataluña es una comunidad autónoma que quiere saltarse la legalidad, que cree que debe de tener un trato preferencial frente al resto de territorios que conforman nuestro país. Esa actitud prepotente no se puede admitir, si queremos pagar las pensiones, prestar los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales de forma eficiente.

España como un todo, como la indisoluble unidad de la nación española, no puede verse alterada ni afectada por este tipo de comportamientos secesionistas. El temor podría tener un efecto rebote en otras regiones.»