Asturias, CCAA, Fiscalidad, Políticas Públicas

COMPETITIVIDAD FISCAL: FUENTE DE RIQUEZA Y EMPLEO

El miércoles 30 de enero tuve la suerte de ver publicado mi artículo sobre “Competitividad Fiscal: Fuente de Riqueza y Empleo” en LA NUEVA ESPAÑA. A continuación lo reproduzco:

“El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2018 elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, a finales de año, ponía de relieve cómo la competencia fiscal entre Comunidades Autónomas (CCAA) resultaba atractiva para el desarrollo económico de la región. Este aspecto se ve reflejado en aquellas CCAA en las que su carga tributaria es menor que en otras zonas vecinas, generando un efecto atracción sobre las personas físicas y/o jurídicas de otras menos competitivas. La movilidad o el éxodo empresarial es la nota característica de los últimos tiempos; unas regiones pierden mientras otras ganan.

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Finanzas, Fraude, Presupuesto, UE

La lucha contra el fraude en la Unión Europea

El jueves 17 de enero Expansión publica un artículo sobre “La lucha contra el fraude en la Unión Europea” con base en un Informe presentado por el Tribunal de Cuentas Europeo.

 

El presupuesto y su posterior control es una de nuestras preocupaciones fundamentales que atañe a todos los ámbitos de la Administración (local, autonómica y estatal) y de la que no se escapa la Unión Europea (UE).

Su control es ejercido, a grandes rasgos, en la esfera interna por las respectivas Intervenciones, y en la externa por los Órganos de Control Externo (OCEx) y el Tribunal de Cuentas (TCu). En el marco de la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCu UE) ejercen sus facultades garantizando la legalidad y estabilidad financiera de las operaciones presupuestarias, en términos generales, luchando contra el fraude.

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Asturias, Justicia, Libros

“EL ARTE DE LA GUERRA EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA”

El miércoles 12 de diciembre de 2018 tuve el placer de escuchar la brillante intervención de José Ramón Chaves García , magistrado del TSJ de Asturias, en el Colegio de Abogados de Oviedo, en la que presentó su último libro  “El arte de la guerra en la Justicia Administrativa”. Estrategia, Táctica y habilidades para guerreros con Toga”. El glosador de la obra fue el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Alejandro Huergo.

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CE78, Partidos Políticos

40 AÑOS DE TOLERANCIA, PAZ Y LIBERTAD PARA ESPAÑA

El 6 de diciembre de 2018 LA NUEVA ESPAÑA me publicaba un artículo sobre la Constitución Española de 1978, de la que tan orgullosos nos sentimos, y que a continuación reproduzco.

El 6 de diciembre de 1978 marcó un antes y un después en la historia de España. Algunos vivían con cierto desasosiego aquellos momentos, otros aún no habían nacido y otros, simplemente, iban en sus “sillitas”, ajenos a la realidad que les rodeaba. Pero todos ellos pueden disfrutar de un nexo común: 40 años de democracia.

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Presupuesto

¿Presupuestos Generales de 2019 o prórroga presupuestaria?

El 7 de diciembre veía publicado mi artículo ¿Presupuestos Generales de 2019 o prórroga presupuestaria? en Expansión. A continuación lo reproduzco:

En los últimos tiempos el euroescepticismo es el “modus operandi” de los países que conforman la Unión Europea (UE) y el incumplimiento de la senda de consolidación fiscal se presenta, desgraciadamente, como la “guinda”.

Países como Polonia y Hungría han recibido un toque de atención por su oposición a esta línea de actuación. En concreto, podemos observar la difícil situación que atraviesa la UE, en su conjunto, mediante el análisis de las distintas cartas emitidas por la Comisión Europea y remitidas a Portugal (19 de octubre), Eslovenia (19 de octubre), Francia (19 de octubre), Bélgica (19 de octubre), Italia (13 de noviembre, 23 de octubre, 18 de octubre y 5 de octubre), España (19 de octubre), Grecia (20 noviembre) y Eslovaquia (20 noviembre).

Este es el panorama actual, en breves líneas, de los países que conforman el ámbito comunitario y su situación en materia presupuestaria.

Centrándonos en Italia, la Comisión Europea pretende abrirle un expediente por déficit excesivo por disponer de una elevada deuda pública (aproximadamente del 131% PIB en el ejercicio 2017) y por la ausencia de medidas para reducirla. Es más, el abandono de las reformas estructurales es una realidad. La desidia y/o dejadez se reflejan en el incumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La situación no será la misma, en España que en Italia, no digo que lo sea. Pero lo que sí es evidente es que en ambos casos existe un incumplimiento presupuestario y “una llamada de atención” por parte de la Comisión Europea a ambos países. De hecho, España ha sido requerida para corregir el déficit del 2018, y para el 2019 estará sometida a las medidas correctivas del Pacto.

De hecho, el proyecto de presupuestos elaborado por España también pone de relieve un riesgo potencial de quebrantamiento de los cánones marcados en el PEC. Las previsiones de incumplimiento son elocuentes en materia de objetivos presupuestarios a medio plazo y de deuda pública. Las cifras derivadas de la política fiscal no encajan. Son estas algunas de las cuestiones que se planteaban en el informe remitido por Bruselas, el 21 de noviembre, que reiteran de forma más detallada lo planteado en anteriores requerimientos.

Preocupante

Es preocupante que la tónica presupuestaria en boga sea el incremento del gasto público, sin control; así como el crecimiento desmedido de la deuda pública. Se espera alcanzar una ratio de deuda del 96,9% del PIB en 2018 (la línea roja para corregir un déficit excesivo), excediendo del valor de referencia del 60%. Además destaca la ausencia de reformas estructurales que nos mantengan dentro de la senda del crecimiento económico y de la estabilidad presupuestaria.

Por todo ello, la Comisión está ojo avizor sobre el déficit estructural de España, con el fin de analizar la situación real del Estado. Si bien, la dificultad para realizar un análisis minucioso, ante la falta de información reclamada y no suministrada totalmente por parte del Gobierno de España es un hecho. El boceto no otorga ni un dibujo completo de las medidas planificadas ni de la información requerida de acuerdo con el Código de Conducta del Two-Pack (datos sobre los gastos en inversiones completamente financiados por los fondos comunitarios, productividad laboral, datos sobre el empleo…).

La Comisión temía por la falta de actualización del borrador que no había llegado al Parlamento español en forma de proyecto presupuestario y viendo lo crucial de la necesidad del Presidente de España de conseguir tantos “adeptos” que aprobasen dicho proyecto, cuando se llegasen a materializar las modificaciones, dicho coloquialmente, “no se le parecería ni a su sombra”.

El 13 de julio del 2018, el Consejo remitió a España un conjunto de recomendaciones en el seno del Semestre Europeo que tampoco han visto sus frutos; especialmente en lo que a las finanzas públicas se refiere. Además se debe asegurar que la tasa de crecimiento nominal de los gastos primarios netos no exceda del 0,6% en el 2019, lo que se correspondería con un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 7.600 millones de euros. De hecho, la tan demanda reformulación de la regla de gasto regulada en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, también brilla por sus ausencia.

Bruselas critica a España, entre otras cuestiones, por no ser capaz de diseñar mecanismos que le permitan corregir las desviaciones de los déficits fiscales.

Después de alcanzar la línea del déficit del 3,1% del PIB en 2017, tal y como se le requirió en agosto del 2016 al Gobierno español, las previsiones de la Comisión prevén que el objetivo del déficit del 2,2% del PIB para el 2018 y del 1,3% en el 2019 no se cumplirán. Está previsto que se alcance el 2,7% y el 1,8%, respectivamente.

Para cerrar el círculo, dos organismos internacionales, el FMI y la OCDE, revisaron a la baja las previsiones de nuestro país: con un descenso en dos décimas en 2018, al 2,5% PIB y 2,6% PIB, respectivamente y una merma hasta el 2,2% para el 2019.

Miedo me da que nos vayamos pareciendo poco a poco a Italia en este sentido.”

Finanzas, Fraude, Políticas Públicas, Presupuesto, Tribunal de Cuentas Europeo, UE

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO: PLAN JUNCKER

El Informe especial n.º 3/2019: «Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: Medidas necesarias para garantizar el pleno éxito del FEIE» acaba de publicarse recientemente por el Tribunal de Cuentas Europeo.

“La eficacia del FEIE debe justificarse mejor, afirman los auditores de la UE”

Este Informe reconoce que el conocido como “Plan Juncker”  (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)) “ha sido eficaz en la captación de financiación para inversiones en la UE, pero es posible que los importes de inversión movilizados estén sobrestimados”.

Brevemente:

  • parte de la ayuda del FEIE sustituyó otra financiación aportada por la UE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI);
  • parte de los fondos se destinó a proyectos que podrían haber recurrido a otras fuentes de financiación privada o pública, aunque en condiciones diferentes;
  • la mayoría de las inversiones se efectuaron a algunos de los mayores Estados Miembros de la Europa;
  • la mayoría de los promotores de proyectos preferían la financiación del FEIE porque era más barata o porque ofrecía un período de amortización más  largo;
  • Se cuestiona la metodología aplicada en ciertos supuestos;
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Entes Locales

TUTELA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES

Hace unos meses veía la luz una brillante obra coordinada por el Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Antonio Arias, que se publicaba en la Revista Española de Control Externo del Tribunal de Cuentas,   con la siguiente estructura:

Presentación Pascual Sala Sánchez

ARTÍCULOS

• El control externo y el whistleblowing (canales de denuncia.) Enrique Benítez Palma
• Conflicto y colaboración de las administraciones públicas en la ejecución de sentencias contencioso-administrativas. José Ramón Chaves García
• Las relaciones institucionales entre el Tribunal de Cuentas y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. José Antonio Fernández Ajenjo
• Tutela financiera de las entidades locales. Medidas adoptadas para conseguir los resultados deseados. Emma Ramos Carvajal
• La Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales: mucho más que un instrumento para la rendición de las cuentas del sector público local. Silvia Alcázar Valladares y Rafael Pou Bell

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Hipoteca, Sentencia, Tribunal Supremo

LA INCERTIDUMBRE HIPOTECARIA

Recientemente, tuve el gusto de publicar en Expansión, en la sección de Opinión, un breve artículo sobre la incertidumbre hipotecaria.  Quizás uno de los temas más “candentes” en esos momentos. Una vez más aprovecho para agradecer que en sus páginas, el diario Expansión, me autorice a “depositar” mis opiniones.

Concretamente el 16 de noviembre, decidí adentrarme en el conflictivo mundo de las hipotecas, los tributos y las sentencias judiciales.De ahí, nació este artículo que a continuación os reproduzco y cuyo texto íntegro podéis ver en prensa digital y en este blog.

Meses llevamos hablando de la existencia de una inestabilidad política que extiende sus tentáculos hacia la economía, analizada en toda su amplitud; generando así un clima de “fluctuación” económica.

La prima de riesgo sube, los inversores reducen su interés por nuestro país, los datos del mercado de empleo no son alentadores…Por su parte, la OCDE, entre otros organismos, ha advertido del enfriamiento de la economía española, como pone de relieve el índice compuesto de indicadores líderes (CLI) que descendió desde 99,19 puntos en septiembre hasta los 98,87, sumando ya ocho caídas mensuales.

 

Las entidades bancarias se ven criticadas día sí y día también y, sin embargo, sin ellas no podemos vivir; pero no están solas, el mercado hipotecario también se tambalea.

En los últimos tiempos se le une a estas cuestiones la puesta en tela de juicio de la justicia. Podríamos hablar de ella desde distintos puntos de vista; si bien, nos vamos a centrar en un tema tan controvertido como es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). De hecho, mientras que los mercados se preocupaban por las elecciones de EEUU, la Bolsa española estaba más centrada en este asunto impositivo.

Hace un mes, aproximadamente, hemos observado un cambio de criterio con respecto al concepto del sujeto pasivo del ITP y AJD. De forma que, si con la STS de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo se consideraba que el prestatario era el cliente, siguiendo el Reglamento del ITP y AJD (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo), con las nuevas SSTS 1505/2018, de 16 de octubre de 2018, 1523/2018, de 22 de octubre y 1531/2018, de 23 de octubre, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo se anula el art. 68.2 de dicho Reglamento. Además la interpretación del art. 29 del Texto Refundido de la Ley del ITP y AJD (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre) sostiene que el sujeto pasivo pasa a ser el prestamista, es decir, en este caso la entidad bancaria.

Efecto económico sobre las arcas públicas

Lo que estamos obviando es el efecto económico que sobre las arcas públicas de los distintos gobiernos autonómicos se va a producir y por ende que el objetivo del déficit público se pueda incrementar aún más es una realidad.

Ante estas circunstancias de alteración de posicionamiento del Tribunal Supremo, lo cual es factible, “que nadie se lleve a engaño”, observábamos dos cuestiones esenciales, por un lado, la duda de quién debía pagar el impuesto, si era el cliente o la banca; y, por otro, su retroactividad.

El debate judicial se puso en marcha con la avocación de las cuestiones pendientes a un Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que duró dos largos días y con él, el debate mediático -el morbo-, de tanta o más importancia que el anterior. El resultado se pretendía resolver tras largas deliberaciones que culminan en una vuelta al pasado: el cliente es el sujeto pasivo, tal como se reconoce en la última Sentencia del Tribunal Supremo en su Sala Tercera, con fecha 6 de noviembre.

Aprovechando la coyuntura, el Gobierno “salta a la palestra”, con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre (RD-L). Las prisas nunca son buenas consejeras y este RD-L es un reflejo más de ello al determinar como causa de “urgente y extraordinaria necesidad” la existencia de inseguridad jurídica, cuando no existe mayor seguridad que mantener un criterio jurídico que se venía aplicando durante más de 20 años. Lo que no debemos ni podemos confundir es el criterio de excepcionalidad con el de oportunidad política. Sería loable que no se tratase de injerir en la legalidad vigente, en este caso, en la jurisprudencia vigente a “golpe” de Real Decreto Ley.

Futura ley con futuro incierto

La futura, con futuro incierto, Ley Hipotecaria -Ley Reguladora de los contratos de crédito inmobiliario- es una realidad cuya aprobación se lleva esquivando durante años. Si bien, incorporar parcialmente al ordenamiento español la protección prevista en la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de créditos celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, así como reforzar la tan reclamada seguridad jurídica, para ambas partes, y garantizar el equilibrio entre las partes contratantes es una necesidad.

El ITP y AJD lleva años entre nosotros y, sin embargo, poco o nada se ha dicho al respecto. Nos acompañaba como un impuesto más, no se opinaba sobre él; pasaba inadvertido, en ocasiones, o era asumido con “resignación” en otras. Si bien, actualmente, las voces, cada vez más altas, más críticas, abogan por convertir este tributo en una tasa o proceder a su supresión.

En los países europeos, tales como Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Austria, en los que existe una tributación similar al AJD, el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario. Lo mismo sucede en las regiones españolas con capacidad normativa al respecto: País Vasco y Navarra.

Quizás fuese este un buen momento para plantearse la supresión de este tributo en la medida que, su recaudación es volátil y reducida. Además países como Reino Unido, Alemania u Holanda no lo aplican. Allí donde lo recaudan la repercusión en el cliente es menor, tales como Francia, Italia y Portugal.

Cabe dar un “vuelta de tuerca más”, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es un hecho factible, en el marco de esta incertidumbre.

Vemos, por desgracia, como todos los pilares de la democracia están atravesando desafortunados momentos. Algo está pasando en mi entorno y no soy capaz de entenderlo; por lo que me gustaría coadyuvar a su fortalecimiento.”

Espero que nos haya ayudado a todos a ordenar la maraña de Sentencias existentes en este ámbito y tan cercanas en el tiempo.

 

 

Contabilidad Pública, Contratación pública, Entes Locales, Financiación partidoss

NOVEDADES DEL CONTROL INTERNO EN EL SIGLO XXI.

Una vez más tuve el gusto de coordinar y participar activamente, con un artículo de rabiosa actualidad: “El control interno en los partidos políticos”, en este nuevo número 91 (2/2018) de la Revista Presupuesto y Gasto Público del Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

Control Interno

Esta entrada “trae causa” de un post que nos dejó mi buen amigo Antonio Arias, Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias hace unos días en su blog Fiscalización.es bajo el título Dos publicaciones esenciales sobre control interno.

A continuación os reproduzco la Presentación, que tenéis en abierto en la página del Ministerio, al igual que el artículo de MARÍA LUISA LAMELA DÍAZ Interventora auditora del Estado, bajo el título “La protección de la indepencia del personal controlador de la IGAE“.

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Los contratos-programa

Fiscalizacion.es

Hoy, ingresé en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia presentado por el magistrado José Ramón Chaves y rodeado de buenos amigos y antiguos profesores. El título de mi disertación fue “El contrato-programa: progreso y consolidación de un instrumento esencial en la gestión pública”. Un texto del que ofrezco un extracto a continuación.

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Cataluña, CCAA, Finanzas, Independencia, Partidos Políticos, Pensiones

La Constitución Española “marca el paso” de la declaración de independencia

Hace una semana Expansión publicaba un artículo sobre las consecuencias económicas de una posible independencia en Cataluña La Constitución Española “marca el paso” de la declaración de independencia que viene a configurarse como una segund parte del artículo  “Catal-exit”: sus consecuencias para la economía

El pasado fin de semana miles, millones de españoles nos llenamos de orgullo y pudimos decir ¡por fin somos patrióticos!

Cuántas veces hablamos de Francia o USA como los paradigmas de los defensores de la patria y de sus símbolos: la bandera y el himno. España y los españoles siempre nos consideramos alejados de estos valores; si bien, en esta ocasión, las banderas en los balcones y los “manifestantes” pacíficos por las distintas ciudades de nuestra Nación la colorean de vida y unidad.

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CCAA, Finanzas, Partidos Políticos, Pensiones

“CATAL-EXIT”: SUS CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA

El 27 de septiembre Expansión me publicaba el artículo de opinión titulado “Catal-exit”: sus consecuencias para la economía. A través de él trataba de reflejar de forma abreviada las principales consecuencias que para la economía tendrían la salida de Cataluña de nuestro país y por ende de la UE.

Meses, o más bien años, llevamos debatiendo la “salida” de Cataluña: su independencia. Un “Brexit” con una pequeña diferencia.

Este acto de separatismo producirá efectos adversos para la región, para sus ciudadanos y para España. Entre ellos se encuentran los económicos tales como las pensiones, la deslocalización empresarial o su salida de la UE. Sus consecuencias serán perniciosas: el freno a la recuperación económica, el aumento de la prima de riesgo o la desaceleración de la creación de empleo, entre otros.

Quiero resaltar algunos de los catastróficos datos que arroja el proceso deslocalizador basado en la huida de empresas desde la autonomía “conflictiva” hasta otras regiones del país. Su tejido empresarial se ha visto mermado en casi una década en más 2.600 empresas.

De hecho, la pérdida de la cifra de negocios en el ejercicio 2016 fue de unos 1.300 millones de euros. El Presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Mou, ha llegado a hablar de la posibilidad de entrar en una situación de “colapso económico”.

Si llegase a producirse el fatídico hecho, Cataluña sería expulsada de la UE, con todo lo que ello conlleva: pérdida de la moneda comunitaria, libre circulación de bienes, servicios y trabajadores… tendría las mismas dificultades con las que se está encontrando Reino Unido, pero con una “pequeña diferencia”.

Algunos empresarios temen su repercusión económica. Catal-exit sería una realidad. De hecho, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker reconoció que Cataluña no recibiría un trato privilegiado, y debería adecuarse al procedimiento de adhesión al que debe someterse cualquier país que desee acceder a la UE. Por tanto, el proceso no sería “visto y no visto”, sino que sería un proceso largo en el tiempo.

El turismo se está viendo seriamente perjudicado, en mayor medida el nacional, que ve con cierto “respeto” acudir a una zona donde la beligerancia es la nota característica de los últimos tiempos.

¿Por qué no hablar también de las pensiones de los catalanes? Unas pensiones que superan en unos 4.700 millones las cotizaciones que pagan sus trabajadores. Son deficitarias y sufragadas gracias a la solidaridad interregional. Según datos del Ministerio competente en la materia, el déficit de Cataluña fue de 1.900 millones de euros entre los meses de enero y julio.

Lamentablemente, el otro gran damnificado, sería y es el mercado de trabajo; fruto de los efectos negativos ejercidos sobre las principales variables macroeconómicas y, en particular, sobre el PIB y el empleo. Según los expertos, esta Comunidad perdería más de 250.000 puestos de trabajo y su PIB se reduciría en un 5% como mínimo.

Múltiples medidas

Múltiples son las medidas que le concede la legislación al Gobierno de España para prevenir o poner punto y final a cualquier atisbo de “rebeldía” por parte de una Comunidad Autónoma.

Ante posibles incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, el Gobierno debe hacer uso de las herramientas legales que están en su mano en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De hecho, como medidas preventivas no hay nada mejor que aplicar el art. 18 de esta Ley que reconoce el derecho de las Administraciones Públicas a realizar un seguimiento de la ejecución presupuestaria, ajustándose el gasto público.

Se pueden añadir las medidas de corrección que se aplicarán cuando el Gobierno observe que, en virtud de los informes exigidos, se pone de relieve el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública, o de la regla de gasto. En cuyo caso, todas las operaciones de endeudamiento requerirán la correspondiente autorización, debiendo elaborarse los planes económicos-financieros y los de reequilibrio, según las circunstancias.

Un paso más se puede dar con la aplicación de las medidas coercitivas del art. 25, exigiendo la no disponibilidad de créditos. Dada la situación catalana y a la vista del manifiesto incumplimiento, “con nocturnidad y alevosía”, de la legalidad vigente, el Gobierno dispondrá un Acuerdo de no disponibilidad, de forma que Cataluña no podrá pagar gastos no comprometidos, salvo que afecten a los servicios públicos esenciales.

Es más, deberá comunicar al Estado todos y cada uno de los pagos pendientes que afecten a esos servicios públicos, impidiendo que financien el referéndum ilegal. Será el Estado quien abone directamente las nóminas de los empleados públicos y las facturas a los proveedores.

También se solicitará colaboración a las entidades de crédito con el fin de evitar que financien un referéndum ilegal, en línea con las medidas de blanqueo de capitales y todas las operaciones de endeudamiento, sean a corto o largo plazo, requerirán la correspondiente autorización previa del Consejo de Ministros.

¡En fin! Ha llegado ese momento en España. Cataluña es una comunidad autónoma que quiere saltarse la legalidad, que cree que debe de tener un trato preferencial frente al resto de territorios que conforman nuestro país. Esa actitud prepotente no se puede admitir, si queremos pagar las pensiones, prestar los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales de forma eficiente.

España como un todo, como la indisoluble unidad de la nación española, no puede verse alterada ni afectada por este tipo de comportamientos secesionistas. El temor podría tener un efecto rebote en otras regiones.”