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La prima de riesgo sube, los inversores reducen su interés por nuestro país, los datos del mercado de empleo no son alentadores…Por su parte, la OCDE, entre otros organismos, ha advertido del enfriamiento de la economía española, como pone de relieve el índice compuesto de indicadores líderes (CLI) que descendió desde 99,19 puntos en septiembre hasta los 98,87, sumando ya ocho caídas mensuales.

Las entidades bancarias se ven criticadas día sí y día también y, sin embargo, sin ellas no podemos vivir; pero no están solas, el mercado hipotecario también se tambalea.

En los últimos tiempos se le une a estas cuestiones la puesta en tela de juicio de la justicia. Podríamos hablar de ella desde distintos puntos de vista; si bien, nos vamos a centrar en un tema tan controvertido como es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). De hecho, mientras que los mercados se preocupaban por las elecciones de EEUU, la Bolsa española estaba más centrada en este asunto impositivo.

Hace un mes, aproximadamente, hemos observado un cambio de criterio con respecto al concepto del sujeto pasivo del ITP y AJD. De forma que, si con la STS de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo se consideraba que el prestatario era el cliente, siguiendo el Reglamento del ITP y AJD (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo), con las nuevas SSTS 1505/2018, de 16 de octubre de 2018, 1523/2018, de 22 de octubre y 1531/2018, de 23 de octubre, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo se anula el art. 68.2 de dicho Reglamento. Además la interpretación del art. 29 del Texto Refundido de la Ley del ITP y AJD (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre) sostiene que el sujeto pasivo pasa a ser el prestamista, es decir, en este caso la entidad bancaria.

Efecto económico sobre las arcas públicas

Lo que estamos obviando es el efecto económico que sobre las arcas públicas de los distintos gobiernos autonómicos se va a producir y por ende que el objetivo del déficit público se pueda incrementar aún más es una realidad.

Ante estas circunstancias de alteración de posicionamiento del Tribunal Supremo, lo cual es factible, «que nadie se lleve a engaño», observábamos dos cuestiones esenciales, por un lado, la duda de quién debía pagar el impuesto, si era el cliente o la banca; y, por otro, su retroactividad.

El debate judicial se puso en marcha con la avocación de las cuestiones pendientes a un Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que duró dos largos días y con él, el debate mediático -el morbo-, de tanta o más importancia que el anterior. El resultado se pretendía resolver tras largas deliberaciones que culminan en una vuelta al pasado: el cliente es el sujeto pasivo, tal como se reconoce en la última Sentencia del Tribunal Supremo en su Sala Tercera, con fecha 6 de noviembre.

Aprovechando la coyuntura, el Gobierno «salta a la palestra», con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre (RD-L). Las prisas nunca son buenas consejeras y este RD-L es un reflejo más de ello al determinar como causa de «urgente y extraordinaria necesidad» la existencia de inseguridad jurídica, cuando no existe mayor seguridad que mantener un criterio jurídico que se venía aplicando durante más de 20 años. Lo que no debemos ni podemos confundir es el criterio de excepcionalidad con el de oportunidad política. Sería loable que no se tratase de injerir en la legalidad vigente, en este caso, en la jurisprudencia vigente a «golpe» de Real Decreto Ley.

Futura ley con futuro incierto

La futura, con futuro incierto, Ley Hipotecaria -Ley Reguladora de los contratos de crédito inmobiliario- es una realidad cuya aprobación se lleva esquivando durante años. Si bien, incorporar parcialmente al ordenamiento español la protección prevista en la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de créditos celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, así como reforzar la tan reclamada seguridad jurídica, para ambas partes, y garantizar el equilibrio entre las partes contratantes es una necesidad.

El ITP y AJD lleva años entre nosotros y, sin embargo, poco o nada se ha dicho al respecto. Nos acompañaba como un impuesto más, no se opinaba sobre él; pasaba inadvertido, en ocasiones, o era asumido con «resignación» en otras. Si bien, actualmente, las voces, cada vez más altas, más críticas, abogan por convertir este tributo en una tasa o proceder a su supresión.

En los países europeos, tales como Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Austria, en los que existe una tributación similar al AJD, el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario. Lo mismo sucede en las regiones españolas con capacidad normativa al respecto: País Vasco y Navarra.

Quizás fuese este un buen momento para plantearse la supresión de este tributo en la medida que, su recaudación es volátil y reducida. Además países como Reino Unido, Alemania u Holanda no lo aplican. Allí donde lo recaudan la repercusión en el cliente es menor, tales como Francia, Italia y Portugal.

Cabe dar un «vuelta de tuerca más», la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es un hecho factible, en el marco de esta incertidumbre.

Vemos, por desgracia, como todos los pilares de la democracia están atravesando desafortunados momentos. Algo está pasando en mi entorno y no soy capaz de entenderlo; por lo que me gustaría coadyuvar a su fortalecimiento.»