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España al igual que el resto de países del mundo está atravesando una de las más graves crisis sanitarias, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud, el 12 de marzo, a hablar de pandemia en lugar de brote de coronavirus, dado el elevado número de contagios.

Nos encontramos sumidos en una situación de caos y temeridad, desde el punto de vista económico, sanitario y social. El miedo a la enfermedad, a la muerte, a que nuestros seres queridos enfermen, el miedo a la incertidumbre y a no tener las cosas bajo control, nos llevan a hablar con el Catedrático de Psicología José Muñiz, miembro de la Academia de Psicología de España, y en su día Decano de la Facultad de Psicología y Director del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.

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El día 11 de noviembre Expansión Opinión me publica el siguiente texto «La digitalización de sociedad», que a continuación reproduzco, sobre el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones:

La digitalización de la sociedad del siglo XXI es una realidad que nos invade en todos los ámbitos; por lo que, una regulación normativa que garantice la seguridad pública, en virtud de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos es una necesidad en las Administraciones Públicas.

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La semana pasada un buen amigo interventor me decía “¡vivimos y trabajamos diariamente para Montoro!”. La máxima “quien algo quiere…algo le cuesta” debe ser tenida en cuenta. Mientras no seamos conscientes que el “maná no cae del cielo”, que el control es necesario y que la transparencia es esencial no estaremos en el mundo real; sino que continuaremos viviendo en un mundo idílico, en el mundo de los sueños.

Aprovechando esa reflexión, recurrí a los números, nada mejor que ellos para demostrar las evidencias; por eso, analizamos el Informe sobre los beneficios que los mecanismos adicionales de financiación propiciaron a las CCAA entre el periodo 2012-2015, publicado por el Ministerio competente en materia de Hacienda.

Desde el año 2012, junto a las diferentes reformas estructurales llevadas a la práctica, se encuentra el objetivo de reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales. Por lo que, se han puesto en marcha mecanismos diversos encaminados a garantizar su cumplimiento, tales como el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros Fondos de Financiación aprobados a partir del 2015. Éstas son sus mejores “armas”, aunque no son las únicas.

El problema al que se enfrentaban las empresas en los últimos tiempos era el ahogo que les propiciaban las Administraciones Públicas (AAPP), en sus distintas esferas, como consecuencia de la morosidad. Todo ello agudizado por el contexto económico-financiero nacional e internacional que dificulta la posibilidad de que las AAPP acudan a los mercados financieros.

Estas medidas no han de venir solas ni aisladas, sino que han de venir acompañadas del necesario cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y todo lo que ello lleva aparejado: la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda pública.

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