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Nulidad judicial del reconocimiento extrajudicial de créditos

Fiscalizacion.es

Hoy traemos a la bitácora la reciente Sentencia 148/2017 de 12 de junio, dictada por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso- administrativo nº 4 de Oviedo, David Ordóñez Solís, un veterano miembro de la carrera judicial (Ver esta interesante entrevista del año pasado), doctor cuidadoso del lenguaje, con abundantes publicaciones (ver, entre las últimas, esta).

Se juzgaba el Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Pleno del Ayuntamiento de Avilés, en lo que se refiere al reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de facturas de suministros y servicios diversos por importe de 180.421,51 euros. Una práctica que sigue el procedimiento del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990. 

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PANORAMA DE FISCALIDAD AUTONÓMICA Y FORAL 2017

Acaba de publicarse la XVI edición del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017 que elabora el REAF-REGAF-CGE.

Brevemente resumiremos sus interesantes 340 hojas cargadas de información minuciosa.

En materia de recaudación en 2014, el tramo autonómico del IRPF constituye el 35,70% de los ingresos totales, y el del IVA el 31,62%. El 16,04 % de los Impuestos Especiales. Los tres bloques constituyen más del 84% de la recaudación autonómica.

Resulta llamativo que sobre los tributos cedidos, sobre los que las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen capacidad normativa, esto es, el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no alcanzan el 10% de la recaudación total en el 2014.

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“Consolidación presupuestaria”

Santiago Álvarez García, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, publicó el 21 de noviembre de 2016 en FAES papers, nº 195 “Budgetary Consolidation”. La Consolidación presupuestaria es un artículo que analiza una de las mayores preocupaciones del Gobierno español en relación con el techo de gasto y la aprobación del Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2017.

El cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública son esenciales con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria requerida por la propia Comisión Europea. De hecho, la Decisión del Consejo, del 8 de agosto de 2016, exigió al Estado la adopción de medidas adecuadas para la corrección de un déficit excesivo como el que estábamos sufriendo.

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NO SOLO DE FINANCIACIÓN VIVE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

minhapLa semana pasada un buen amigo interventor me decía “¡vivimos y trabajamos diariamente para Montoro!”. La máxima “quien algo quiere…algo le cuesta” debe ser tenida en cuenta. Mientras no seamos conscientes que el “maná no cae del cielo”, que el control es necesario y que la transparencia es esencial no estaremos en el mundo real; sino que continuaremos viviendo en un mundo idílico, en el mundo de los sueños.

Aprovechando esa reflexión, recurrí a los números, nada mejor que ellos para demostrar las evidencias; por eso, analizamos el Informe sobre los beneficios que los mecanismos adicionales de financiación propiciaron a las CCAA entre el periodo 2012-2015, publicado por el Ministerio competente en materia de Hacienda.

Desde el año 2012, junto a las diferentes reformas estructurales llevadas a la práctica, se encuentra el objetivo de reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales. Por lo que, se han puesto en marcha mecanismos diversos encaminados a garantizar su cumplimiento, tales como el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros Fondos de Financiación aprobados a partir del 2015. Éstas son sus mejores “armas”, aunque no son las únicas.

El problema al que se enfrentaban las empresas en los últimos tiempos era el ahogo que les propiciaban las Administraciones Públicas (AAPP), en sus distintas esferas, como consecuencia de la morosidad. Todo ello agudizado por el contexto económico-financiero nacional e internacional que dificulta la posibilidad de que las AAPP acudan a los mercados financieros.

Estas medidas no han de venir solas ni aisladas, sino que han de venir acompañadas del necesario cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y todo lo que ello lleva aparejado: la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda pública.

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