La semana pasada un buen amigo interventor me decía “¡vivimos y trabajamos diariamente para Montoro!”. La máxima “quien algo quiere…algo le cuesta” debe ser tenida en cuenta. Mientras no seamos conscientes que el “maná no cae del cielo”, que el control es necesario y que la transparencia es esencial no estaremos en el mundo real; sino que continuaremos viviendo en un mundo idílico, en el mundo de los sueños.
Aprovechando esa reflexión, recurrí a los números, nada mejor que ellos para demostrar las evidencias; por eso, analizamos el Informe sobre los beneficios que los mecanismos adicionales de financiación propiciaron a las CCAA entre el periodo 2012-2015, publicado por el Ministerio competente en materia de Hacienda.
Desde el año 2012, junto a las diferentes reformas estructurales llevadas a la práctica, se encuentra el objetivo de reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales. Por lo que, se han puesto en marcha mecanismos diversos encaminados a garantizar su cumplimiento, tales como el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros Fondos de Financiación aprobados a partir del 2015. Éstas son sus mejores “armas”, aunque no son las únicas.
El problema al que se enfrentaban las empresas en los últimos tiempos era el ahogo que les propiciaban las Administraciones Públicas (AAPP), en sus distintas esferas, como consecuencia de la morosidad. Todo ello agudizado por el contexto económico-financiero nacional e internacional que dificulta la posibilidad de que las AAPP acudan a los mercados financieros.
Estas medidas no han de venir solas ni aisladas, sino que han de venir acompañadas del necesario cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y todo lo que ello lleva aparejado: la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el objetivo de deuda pública.
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Comencemos con un breve repaso al derecho tributario y más en concreto, al Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido coloquialmente como plusvalía municipal.
Desde los años 80 estamos analizando el problema de la financiación autonómica ligado a la descentralización territorial y funcional de nuestra Administración Pública. Este no es un asunto que afecta exclusivamente a nuestro país; es una cuestión generalizada en distintos países.
Emma Ramos 