Economía, Finanzas, Fiscalidad

La encrucijada de las cláusulas suelo

La encrucijada de las cláusulas suelo, en la que nos encontramos inmersos, es una de las cuestiones que más nos preocupan en la actualidad a todos aquellos que tenemos créditos hipotecarios. Es preciso que analicemos una de las cláusulas que tenemos en el contrato, concretamente, la cláusula tercera.

El día 22 de enero Expansión publicaba el siguiente artículo que sintetiza los antecedentes y el nuevo Real Decreto Ley que regula las cláusulas suelo y el procedimiento extrajudicial que se pueda aplicar por parte de los afectados.

La encrucijada de las cláusulas suelo

En breve se cumplirán cuatro años desde la primera vez que se declaró abusiva una cláusula suelo.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, reconocía la nulidad de aquellas cláusulas calificadas como abusivas, al considerarse violación del principio de transparencia en una de las cláusulas que pueden figurar en un contrato de préstamo garantizado con hipoteca, impidiendo que los tipos de interés del principal desciendan por debajo de lo que se conoce como “suelo”.

¿Cómo sabremos si la tenemos o no incorporada a nuestra escritura pública? Acudamos a la estipulación que aparece bajo la rúbrica: “tipo de interés variable”, generalmente, en la condición financiera tercera bis. Allí la podremos encontrar “escondida”.

La “cláusula suelo” supone un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes; impidiendo que el consumidor y usuario pueda entender y, por ende, asumir las consecuencias económicas y jurídicas derivadas de este déficit de información.

La propia Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores reconoce que dichas cláusulas deben “redactarse de manera clara y comprensible”, no solo desde un punto de vista gramatical, sino desde la transparencia que ha de ofrecer el mecanismo del cálculo de los intereses y sus consiguientes consecuencias económicas. Esa transparencia tan demandada, en la actualidad, en todos los ámbitos, brillaba por su ausencia en algunas de ellas.

La Jurisprudencia ha seguido avanzando y dando la razón a los consumidores que se han visto discriminados no sólo al declarar nulas dichas cláusulas abusivas, sino también al declarar excesivos los gastos de formalización de las hipotecas.

El último escalón nos llega desde la Justicia Comunitaria y, más en concreto, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el 21 de diciembre de 2016, que resuelve las posibles controversias entre la normativa nacional y la comunitaria, reconociendo la retroactividad total del derecho a restitución de lo abonado.

El Gobierno de España lleva, desde la aprobación de esta Sentencia, tratando de consensuar la redacción de un Real Decreto Ley, con las restantes fuerzas políticas, con el que se abra la vía “extrajudicial”, obligatoria para las entidades bancarias y voluntaria para los consumidores. Finalmente, este Real Decreto Ley 1/2017 vio la luz en el Consejo de Ministros del 20 de enero, publicándose un día más tarde en el BOE. La agilidad en los plazos fue fundamental en su redacción: un mes exacto.

Dicho texto legal es un avance fundamental para 1,5 millones de españoles que se han visto afectados. Supondrá un ahorro importante de los gastos judiciales, notariales y registrales y para los consumidores y evitará la posible saturación de los Juzgados de Primera Instancia, reduciéndose a la mitad los litigios civiles que podrían llegar. Es más, la figura del consumidor se verá fortalecida, en la medida que se establecen plazos concretos y procedimientos de actuación para las entidades bancarias.

No olvidemos que la novedosa redacción obliga a todas las entidades -ya no solo las tres que aparecían como litigantes en la Sentencia comunitaria (Cajasur, BBVA y Banco Popular)- a que en el plazo de un mes notifiquen e informen a sus clientes sobre su situación; para lo cual, deberán constituir un departamento especializado y suministrar información a través de la adecuada publicidad. Además, el consumidor recibirá el cuadro de amortización actualizado. La transparencia reaparece en este punto.

El banco podrá pagar “en efectivo” al consumidor la cantidad indebidamente cobrada, con lo que el deudor hipotecario deberá realizar “una complementaria” en la declaración de la renta por las cuantías deducidas “de más” (con la cláusula suelo) o, en su caso, el banco podría recurrir a otras medidas compensatorias.

¿Cuáles podrían ser éstas? Una muy interesante es la minoración de las cuotas hipotecarias sobre la deuda viva; en este supuesto, no habría que “arreglar” nada con Hacienda. Otra opción puede ser la contratación de otros productos financieros. La exigencia de transparencia vuelve a reaparecer.

Si finalmente, las partes no llegan a un acuerdo, lo cual parece extraño, en la medida que los bancos, por esta vía, se pueden ahorrar las costas y los consumidores se evitan los trámites del proceso civil, se puede abrir la vía judicial.

Es más, el Gobierno avanza con paso firme en el diseño de medidas que le permitan progresar en la transparencia sin caer en situaciones análogas a las ya vividas. La reforma de la Ley Hipotecaria será el próximo eslabón en la cadena, así como la creación de una Autoridad de Defensa del Consumidor en materia de productos financieros, una potencial herramienta.”

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