Santiago Álvarez García, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, publicó el 21 de noviembre de 2016 en FAES papers, nº 195 «Budgetary Consolidation». La Consolidación presupuestaria es un artículo que analiza una de las mayores preocupaciones del Gobierno español en relación con el techo de gasto y la aprobación del Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2017.
El cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública son esenciales con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria requerida por la propia Comisión Europea. De hecho, la Decisión del Consejo, del 8 de agosto de 2016, exigió al Estado la adopción de medidas adecuadas para la corrección de un déficit excesivo como el que estábamos sufriendo.
De forma que el Gobierno de la Nación remitió el Plan presupuestario el 14 de octubre del 2016 con todas las posibles medidas que serían factibles si se quería evitar un nuevo incumplimiento en el ejercicio 2017 y asegurar, por tanto, la Decisión europea.
De las conclusiones de este artículo se desprenden una serie de cuestiones, entre las que citamos las siguientes:
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el incremento de la recuadación de los ingresos ha contribuído en mayor medida que los recortes en las dotaciones presupuestarias por el lado de los gastos a avanzar en la consecución del objetivo de la reducción del déficit público.
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el gasto no financiero de la Administración General del Estado es mayor que el generado en el 2007, coincidente con el año previo al comienzo de la recesión.
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la negociación con la UE se ha visto afectada por la situación política y la escasa capacidad de actuación que posía un Gobierno en funciones.
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el Gobierno debería continuar con el diseño de la reforma fiscal que había comenzado en el 2014.
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el estudio de los datos refleja la necesidad del Estado de realizar un ajuste de 7.700 millones de euros en el 2017 con el fin de alcanzar un objetivo de déficit del 3,1% del PIB. En caso contrario, el resultado sería de un 3,8%. La adopción de medidas discrecionales por valor de 5.000 millones de euros sería requerida.
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España podría ser el único Estado Miembro de la UE con un déficit superior al 3% estimado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el ejercicio 2018.
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La necesidad de control del déficit de las Comunidades Autónomas es esencial, si queremos lograr el objetivo de de estabilidad presupuestario legalmente establecido.
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