Administraciones Públicas, Auditoría, Contratación pública, Control externo, Coronavirus

GRANDES DILEMAS DE NUESTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Traigo a este post un número publicado «en abierto», por la Revista Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda (Instituto de Estudios Fiscales), bajo el título Grandes dilemas de nuestras AAPP. La Administración en la encrucijada, nº 100 (3/2020), es un número que a pesar de haberse publicado a finales de 2020, se encuentra de perfecta actualidad. Número que he tenido el honor de coordinar con un conjunto de profesionales de alto nivel en sus respectivas materias.

A continuación plasmo la presentación que en este número he realizado, de forma que se pueda tener una visión rápida de los temas que se tratan.

«Sugerente título para el tercer número de la Revista de Presupuesto y Gasto Público,
a cuyo personal agradecemos su confianza y permitirnos diseñar un Monográfico sobre los grandes dilemas que se plantean en nuestras Administraciones Públicas. Una Administración que se encuentra en una encrucijada agravada más aún, si cabe, por la crisis de la pandemia del COVID-19 que estamos experimentando hace ya casi un año.
De los artículos publicados por prestigiosos autores, que han tenido el placer de colaborar con la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, se desprenden las siguientes dudas, propuestas de mejora y sugerencias que ofrece la Administración Pública.
El Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, José Ramón Chaves
García, bajo el atractivo título de «Regreso al futuro de las Administraciones Públicas
ante la cuarta revolución industrial» nos sitúa en una nueva era en la que se empieza a
vislumbrar la Inteligencia Artificial, con los consiguientes cambios en los modos, tiempos
de respuesta y capacidad de diseño de actuaciones. En esa modernización quizás los empleados públicos «pierdan rostro, los expedientes el papel, las decisiones se alejen del procedimiento para adoptarse en rutas algorítmicas y posiblemente el rumbo de la Administración pública resulte difícil de pronosticar». La encrucijada está servida.

Siguiendo esta misma línea de actuación, Concepción Campos Acuña, Doctora en
Derecho y Secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo se vale de «Compliance y Tecnología como herramientas de mejora de la gestión pública: inteligencia artificial y toma de decisiones», para reconocer que se han experimentado grandes cambios en la gestión pública, en su mayoría con «un vector común, la tecnología». Con ello, pretende mostrar cómo la tecnología, en general, y la inteligencia artificial, en particular, puede contribuir a mejorar los procesos de toma de decisión en el marco de la aplicación de las técnicas de compliance.


Si bien, no podemos adentrarnos en el entramado de la modernización de la Administración Pública, sin antes, analizar la situación en la que se encuentra hoy una sanidad tan damnificada por la crisis sanitaria que estamos viviendo. «El nuevo enfoque exige una visión sistémica de la salud, donde factores como la calidad de vida, el acceso a los sistemas sanitarios, las políticas de protección social o el medio ambiente, van a ser más determinantes que nunca» tal y como manifiestan Josune Retegi Ormazabal, responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento e Innovación de Organización Sanitaria Integrada Donostialdea y Maddi Zubizarreta Labaka, Técnico Superior de dicha Organización. Su elocuente artículo «Modernización de la sanidad. ¿Qué ha supuesto la COVID 19?» pone de manifiesto la necesidad de realizar cambios más ágiles; para lo que, se requiere el diseño de una estrategia que ofrezca a la sociedad una respuesta adecuada.

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Casiano Rojas Pozo,
centra su exposición en las «Dos medidas imprescindibles para modernizar nuestra
justicia: la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia y la mediación intrajudicial». A través de los Tribunales Provinciales de Instancia se trata de resolver los problemas existentes, desde el punto de vista organizativo, que se traducen en una carga de trabajo muy mal repartida; y con la mediación intrajudicial, gratuita para el ciudadano, se resolvería el 20% de los asuntos que llegan a la Jurisdicción.

Por su parte, José Antonio Díaz Lago, del Cuerpo Técnico de Aduanas, en su aportación a la modernización de la Administración Pública analiza «El futuro del trabajo: hacia
un nuevo paradigma. Repercusiones para el sector público». El autor reconoce que se
ha producido la evolución en el mundo del empleo, entre otras razones por los cambios
tecnológicos, el incremento poblacional y los cambios sociales que hacen tambalear el
statu-quo económico y político.

«El control financiero permanente (y la auditoría pública) como instrumentos para asegurar un empleo eficaz y eficiente de los recursos públicos en el marco de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Especial atención a la situación derivada
de la pandemia COVID-19» es la aportación realiza a este número por Álvaro García
Molinero, Interventor Delegado en el Ministerio de Defensa. Con ello, se trata de garantizar que la gestión pública en materia contractual se adecua a los principios de buena gestión financiera, economía, eficacia y eficiencia. Una adecuada planificación, piedra angular de todo procedimiento contractual, se basa en un análisis de riesgos, que permita adoptar las medidas más idóneas en base a las deficiencias observadas.

En línea con lo anteriormente mencionado Emma Ramos Carvajal, funcionaria de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias reconoce que
«La planificación contractual pública en tiempos de coronavirus» es esencial. Su ausencia pone en evidencia que se están cubriendo necesidades periódicas y recurrentes de forma errónea, ya sea mediante contratos menores, negociados sin publicidad o incluso omitiendo los propios expedientes de contratación. Ante lo cual es necesario adoptar medidas y evitar caer en una encrucijada.

El «Control por diseño en la gestión de los fondos europeos» es un tema controvertido en el que se adentra Magdalena Cordero Valdavida, experta del Tribunal de Cuentas
Europeo. Manifiesta que las administraciones tienen que controlar la gestión de los fondos nacidos del COVID19, que dieron lugar al nacimiento de un nuevo fondo de solidaridad «Next Generation EU». El control por diseño, basado en datos y tecnologías emergentes, permitirá realizar controles automáticos, más rápidos, precisos y con menor coste.

Dos conocedores del control externo, Antonio Arias Rodríguez, Técnico de la Universidad de Oviedo y Marta Riera López, del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ponen en evidencia en «El inventario de las administraciones públicas. Reto de gestión y salvedad de auditoría» las recurrentes salvedades manifestadas por las instituciones de control externo, surgidas fruto de los principales y más frecuentes riesgos del inmovilizado.

La fuente de ingresos es esencial para llevar a cabo la gestión pública, por ello, Ángel
de la Fuente, miembro de FEDEA e IAE (CSIC), a través de «Las ayudas implícitas en
los mecanismos adicionales de financiación a las Comunidades Autónomas», refleja los
principales mecanismos creados fruto de la pasada crisis a la que se enfrentaron las Comunidades Autónomas para lograr liquidez a través de los mecanismos adicionales de financiación y de los aplazamientos de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica.

Cerramos este número con Manuel Jaén García, profesor de Economía Aplicada de
la Universidad de Almería, que trata de explicar a través del artículo «Baumol’s Hypothesis of unbalanced growth for Spain» y de la hipótesis de partida que estudiaba la diferencia en productividad entre el sector servicios e industria. Se ha hecho un paralelismo con el sector público, intensivo en mano de obra; llegando a concluir que el modelo de Baumol no ofrece una explicación convincente del crecimiento del gasto público en España durante el período estudiado.

CCAA, Políticas Públicas, Presupuesto, Tribunal de Cuentas Europeo, UE

ASIGNACIÓN DE FONDOS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL PERÍODO 2021-2027

Recientemente, el Tribunal de Cuentas de la UE ha publicado un análisis rápido de “Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados Miembros para el período 2021-2027”, sobre el que los legisladores tendrán que tomar decisiones en un periodo de doce meses; por lo que, al no tratarse de  un informe de auditoría, no contiene opiniones, conclusiones, ni recomendaciones.

El objeto de análisis, la política de cohesión, concebida para “fomentar la cohesión económica, social y territorial entre los Estados miembros” es esencial, en la medida que constituye uno de los ámbitos más relevantes de la actividad de la Unión Europea (UE); suponiendo, aproximadamente, un tercio del presupuesto comunitario.

 

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Asturias, CCAA, Partidos Políticos, Presupuesto

LOS DENOSTADOS GASTOS ELECTORALES

 

La Nueva España, el día 26 de marzo, me ha publicado un artículo sobre los gastos electorales surgidos de los distintos comicios que a continuación reproduzco:

 

En las últimas semanas saltaron a la palestra un popurrí de fechas electorales. Votaremos para constituir nuevas Cortes Generales y también renovaremos el Parlamento Europeo, así como la mayoría de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (excepto Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia) y todas las de las Corporaciones. La incertidumbre política está servida en los distintos ámbitos y nos vienen a la cabeza cifras y más cifras que reflejan el gasto vinculado a las distintas citas.

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Presupuesto

Presupuestos: las cuentas no cuadran

El 21 de febrero de 2019 me publicaban en el apartado de Opinión del diario económico Expansión Presupuestos: las cuentas no cuadran. A continuación reproduzco el artículo:

«La problemática comercial entre China y USA, el temor por el Brexit y sus consecuencias y el precio del petróleo son algunas de las notas características que dibujan el mercado exterior al que nos enfrentamos y que nos arrastra. Por su parte, desde un punto de vista interno, la pérdida de competitividad de las empresas es una realidad que deteriora la creación de empleo.

Por tanto, el diseño de políticas públicas ambiciosas por parte de los distintos gobiernos debe encaminarse hacia la consecución de unos objetivos que satisfagan el interés general y que permitan salir de la situación en la que estamos anclados.

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Finanzas, Fraude, Presupuesto, UE

La lucha contra el fraude en la Unión Europea

El jueves 17 de enero Expansión publica un artículo sobre «La lucha contra el fraude en la Unión Europea» con base en un Informe presentado por el Tribunal de Cuentas Europeo.

 

El presupuesto y su posterior control es una de nuestras preocupaciones fundamentales que atañe a todos los ámbitos de la Administración (local, autonómica y estatal) y de la que no se escapa la Unión Europea (UE).

Su control es ejercido, a grandes rasgos, en la esfera interna por las respectivas Intervenciones, y en la externa por los Órganos de Control Externo (OCEx) y el Tribunal de Cuentas (TCu). En el marco de la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCu UE) ejercen sus facultades garantizando la legalidad y estabilidad financiera de las operaciones presupuestarias, en términos generales, luchando contra el fraude.

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Presupuesto

¿Presupuestos Generales de 2019 o prórroga presupuestaria?

El 7 de diciembre veía publicado mi artículo ¿Presupuestos Generales de 2019 o prórroga presupuestaria? en Expansión. A continuación lo reproduzco:

En los últimos tiempos el euroescepticismo es el «modus operandi» de los países que conforman la Unión Europea (UE) y el incumplimiento de la senda de consolidación fiscal se presenta, desgraciadamente, como la «guinda».

Países como Polonia y Hungría han recibido un toque de atención por su oposición a esta línea de actuación. En concreto, podemos observar la difícil situación que atraviesa la UE, en su conjunto, mediante el análisis de las distintas cartas emitidas por la Comisión Europea y remitidas a Portugal (19 de octubre), Eslovenia (19 de octubre), Francia (19 de octubre), Bélgica (19 de octubre), Italia (13 de noviembre, 23 de octubre, 18 de octubre y 5 de octubre), España (19 de octubre), Grecia (20 noviembre) y Eslovaquia (20 noviembre).

Este es el panorama actual, en breves líneas, de los países que conforman el ámbito comunitario y su situación en materia presupuestaria.

Centrándonos en Italia, la Comisión Europea pretende abrirle un expediente por déficit excesivo por disponer de una elevada deuda pública (aproximadamente del 131% PIB en el ejercicio 2017) y por la ausencia de medidas para reducirla. Es más, el abandono de las reformas estructurales es una realidad. La desidia y/o dejadez se reflejan en el incumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La situación no será la misma, en España que en Italia, no digo que lo sea. Pero lo que sí es evidente es que en ambos casos existe un incumplimiento presupuestario y «una llamada de atención» por parte de la Comisión Europea a ambos países. De hecho, España ha sido requerida para corregir el déficit del 2018, y para el 2019 estará sometida a las medidas correctivas del Pacto.

De hecho, el proyecto de presupuestos elaborado por España también pone de relieve un riesgo potencial de quebrantamiento de los cánones marcados en el PEC. Las previsiones de incumplimiento son elocuentes en materia de objetivos presupuestarios a medio plazo y de deuda pública. Las cifras derivadas de la política fiscal no encajan. Son estas algunas de las cuestiones que se planteaban en el informe remitido por Bruselas, el 21 de noviembre, que reiteran de forma más detallada lo planteado en anteriores requerimientos.

Preocupante

Es preocupante que la tónica presupuestaria en boga sea el incremento del gasto público, sin control; así como el crecimiento desmedido de la deuda pública. Se espera alcanzar una ratio de deuda del 96,9% del PIB en 2018 (la línea roja para corregir un déficit excesivo), excediendo del valor de referencia del 60%. Además destaca la ausencia de reformas estructurales que nos mantengan dentro de la senda del crecimiento económico y de la estabilidad presupuestaria.

Por todo ello, la Comisión está ojo avizor sobre el déficit estructural de España, con el fin de analizar la situación real del Estado. Si bien, la dificultad para realizar un análisis minucioso, ante la falta de información reclamada y no suministrada totalmente por parte del Gobierno de España es un hecho. El boceto no otorga ni un dibujo completo de las medidas planificadas ni de la información requerida de acuerdo con el Código de Conducta del Two-Pack (datos sobre los gastos en inversiones completamente financiados por los fondos comunitarios, productividad laboral, datos sobre el empleo…).

La Comisión temía por la falta de actualización del borrador que no había llegado al Parlamento español en forma de proyecto presupuestario y viendo lo crucial de la necesidad del Presidente de España de conseguir tantos «adeptos» que aprobasen dicho proyecto, cuando se llegasen a materializar las modificaciones, dicho coloquialmente, «no se le parecería ni a su sombra».

El 13 de julio del 2018, el Consejo remitió a España un conjunto de recomendaciones en el seno del Semestre Europeo que tampoco han visto sus frutos; especialmente en lo que a las finanzas públicas se refiere. Además se debe asegurar que la tasa de crecimiento nominal de los gastos primarios netos no exceda del 0,6% en el 2019, lo que se correspondería con un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 7.600 millones de euros. De hecho, la tan demanda reformulación de la regla de gasto regulada en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, también brilla por sus ausencia.

Bruselas critica a España, entre otras cuestiones, por no ser capaz de diseñar mecanismos que le permitan corregir las desviaciones de los déficits fiscales.

Después de alcanzar la línea del déficit del 3,1% del PIB en 2017, tal y como se le requirió en agosto del 2016 al Gobierno español, las previsiones de la Comisión prevén que el objetivo del déficit del 2,2% del PIB para el 2018 y del 1,3% en el 2019 no se cumplirán. Está previsto que se alcance el 2,7% y el 1,8%, respectivamente.

Para cerrar el círculo, dos organismos internacionales, el FMI y la OCDE, revisaron a la baja las previsiones de nuestro país: con un descenso en dos décimas en 2018, al 2,5% PIB y 2,6% PIB, respectivamente y una merma hasta el 2,2% para el 2019.

Miedo me da que nos vayamos pareciendo poco a poco a Italia en este sentido.»

CCAA, Presupuesto, Techo de gasto

Techo de gasto o la politización de una cuestión técnica

Mientras algunos disfrutan de sus merecidas vacaciones con un día de sol y playa; en el Congreso de  los Diputados, el día 11 de julio, se aprueba el techo de gasto, base de la estabilidad presupuestaria, así como nuevos objetivos de déficit y deuda pública para 2018-2020. Ha recibido el visto bueno del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. La abstención ha sido de Nueva Canarias.

Este Acuerdo permitirá mejorar los salarios de los funcionarios en el ejercicio 2018, garantizará una rebaja del IRPF para aquellas rentas más bajas, así como están previstas deducciones por determinadas cargas familiares, o para las personas con discapacidad y aportará unos 1.000 millones más para gasto social.

Déficit Público

2018

2019

2020

AGE

0.7%

0.3%

SS

1.1%

0.9%

0.5%

CCAA

0.4%

0.1%

EELL

0%

0%

TOTAL

2.2%

1.3%

0.5%

El martes 11 de julio tuve la suerte de ver publicado este artículo Techo de gasto o la politización de una cuestión técnica  en la prensa económica Expansión.

 

El techo de gasto ha cobrado vida y se «ha puesto de moda» sin que éste lleve aparejado una nueva regulación al respecto.

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CCAA, Empleo, Políticas Públicas, Presupuesto

Políticas Activas de Empleo

El Consejo de Ministros, del día 5 de mayo de 2017, dio el «pistoletazo» de salida al Acuerdo de distribución de los créditos dispuestos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en base a los objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales,  para proceder a la ejecución de los servicios y programas incluidos en los ejes de políticas activas de empleo, modernización de los Servicios Públicos de Empleo, y ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social.

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Presupuesto

Presupuestos Generales del Estado: nuestro futuro inmediato

 

Pool Moncloa/ J.M.Cuadrado
Pool Moncloa/ J.M.Cuadrado

 

Os dejo en este post un reciente artículo publicado por Expansión, el día 29 de mayo de 2017, sobre los PGE que actualmente se están negociando en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con la aprobación de las correspondientes enmiendas.

Presupuestos Generales del Estado: nuestro futuro inmediato

Este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2017 refleja, en sus cifras, su carácter eminentemente social. Este hecho es innegable.

 

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CCAA, financiación autonómica, Presupuesto

PGE 2017: Además Financiación Autónomica

España liderará de nuevo el crecimiento de las principales
economías de la Unión Europea.
La tasa de paro será inferior al 17% a finales de año.

Continúa el esfuerzo para reducir el déficit público y salir
del Procedimiento de Déficit Excesivo en 2018.

¿Por qué debe aprobarse el Proyecto de Ley de PGE 2017?

Recordemos unas cifras:

  • El gasto social supone casi el 56% del presupuesto, aumentando un 1,7% respecto a 2016. Sanidad crece un 2,3% y educación un 1,7%.
  • El gasto en pensiones, que supone más del 40% del total, se incrementa un 3,1% y cuenta con 139.647 millones.
  • El IPREM se actualiza un 1% respecto al año anterior.
  • La previsión presupuestaria para las Administraciones Territoriales asciende a 117.791 millones de euros, de los cuales, 99.822 millones van destinados a la financiación de CCAA y 17.969 millones de euros a EELL.
  • Se destinan 100 millones adicionales a Dependencia.
  • Se incrementan las retribuciones de los funcionarios en un 1% respecto al año anterior y se amplían los sectores prioritarios con tasa de reposición del 100%.
  • Las dotaciones de I+D+i aumentan un 4,1%.

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CCAA, Presupuesto

Proyecto de ley PGE 2017

Pool Moncloa/ J.M.Cuadrado
Pool Moncloa/ J.M.Cuadrado

El Consejo de Ministros (CM) acaba de aprobar el pasado viernes las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se remitirá a las Cortes Generales para proceder a su tramitación parlamentaria.

El objetivo fundamental será reforzar el crecimiento económico y garantizar la sostenibilidad financiera. Y todo ello, en términos de estabilidad presupuestaria, velando por el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública. “Somos un país suficientemente competitivo y para mantener la capacidad de financiación hay que seguir reduciendo el déficit público hasta el objetivo del 3,1%”, en palabras de Cristóbal Montoro.

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CCAA, Economía, Fiscalidad, Presupuesto, Sin categoría

«Consolidación presupuestaria»

Santiago Álvarez García, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, publicó el 21 de noviembre de 2016 en FAES papers, nº 195 «Budgetary Consolidation». La Consolidación presupuestaria es un artículo que analiza una de las mayores preocupaciones del Gobierno español en relación con el techo de gasto y la aprobación del Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2017.

El cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública son esenciales con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria requerida por la propia Comisión Europea. De hecho, la Decisión del Consejo, del 8 de agosto de 2016, exigió al Estado la adopción de medidas adecuadas para la corrección de un déficit excesivo como el que estábamos sufriendo.

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