Presupuesto

Presupuestos: las cuentas no cuadran

El 21 de febrero de 2019 me publicaban en el apartado de Opinión del diario económico Expansión Presupuestos: las cuentas no cuadran. A continuación reproduzco el artículo:

“La problemática comercial entre China y USA, el temor por el Brexit y sus consecuencias y el precio del petróleo son algunas de las notas características que dibujan el mercado exterior al que nos enfrentamos y que nos arrastra. Por su parte, desde un punto de vista interno, la pérdida de competitividad de las empresas es una realidad que deteriora la creación de empleo.

Por tanto, el diseño de políticas públicas ambiciosas por parte de los distintos gobiernos debe encaminarse hacia la consecución de unos objetivos que satisfagan el interés general y que permitan salir de la situación en la que estamos anclados.

Para unos, los Presupuestos de una Administración Pública son los instrumentos clave que coadyuvan al diseño y puesta en práctica de estas políticas por parte de los distintos Gobiernos ligados a la ejecución de sus respectivas partidas presupuestarias. Para otros, los presupuestos son un mero “pasatiempo” cuya única finalidad puede ser “algo que hay que hacer porque lo dicen los técnicos”.

Todo presupuesto debería ir acompañado de unos objetivos smart (específico, cuantificable, alcanzable, relevante y temporal) que viniesen vinculados a unos indicadores que permitiesen realizar la correspondiente evaluación de los mismos. Y, sin embargo, sólo vemos meras declaraciones de intenciones. Por tanto, sería conveniente recurrir a los resultados de la evaluación del gasto público que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está llevando a cabo y que se harán públicos a lo largo del ejercicio 2019.

En todo caso, sería conveniente reforzar el seguimiento de las áreas de riesgo y desarrollar determinadas medidas que favorezcan el cumplimiento de las reglas fiscales en función de la evolución de las variables macroeconómicas y que promuevan la sostenibilidad financiera a medio plazo y la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) mediante la aprobación de los correspondientes Planes Económicos Financieros y de los Planes de Ajuste.

La LOEPSF mantiene un objetivo de deuda pública del 60% del PIB para 2020, lo cual es “inalcanzable”, como reconoció el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, aprovechando para reconocer la falta de “compromiso firme” con la sostenibilidad presupuestaria y recomendando la reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, de la que se habla, pero que no llega a materializarse. Es más, se han de fijar objetivos de deuda de las comunidades autónomas, en virtud de las necesidades reales en cada periodo.

Por tanto, se recomienda diseñar una estrategia fiscal homogénea, a medio plazo, de la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas que favorezca la reducción permanente y progresiva del déficit público, con lo que se facilitaría el cumplimiento de las exigencias comunitarias. Además se debe promover la modificación normativa para concretar el contenido y extensión de las competencias de tutela financiera de las entidades locales.

Basándose en las cifras emanadas del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la AIReF ha declarado como “improbable” que la Administración Central alcance su objetivo de déficit del 0,3% y “muy improbable” que la Seguridad Social cumpla el -0,9% para 2019. Si bien, considera “factible” el objetivo del -0,1% de las comunidades autónomas y “muy probable” que las entidades locales cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un superávit de, aproximadamente, un 0,5% del PIB.

En definitiva, parece complicado que las administraciones públicas cumplan con el objetivo de déficit del 1,3% del PIB, ya que se exige realizar un ajuste que la AIReF estima que se situará en el 2,7% del PIB, cinco décimas por encima del objetivo del 2,2%.

Por tanto, se han de promover todos aquellos mecanismos legales preventivos que sean necesarios para aquellos supuestos en los que exista un riesgo de incumplimiento de los objetivos por parte de las administraciones públicas y, por supuesto, se ha de ejercer un mayor control sobre la regla de gasto.”

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