La Nueva España, el día 26 de marzo, me ha publicado un artículo sobre los gastos electorales surgidos de los distintos comicios que a continuación reproduzco:
En las últimas semanas saltaron a la palestra un popurrí de fechas electorales. Votaremos para constituir nuevas Cortes Generales y también renovaremos el Parlamento Europeo, así como la mayoría de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (excepto Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia) y todas las de las Corporaciones. La incertidumbre política está servida en los distintos ámbitos y nos vienen a la cabeza cifras y más cifras que reflejan el gasto vinculado a las distintas citas.
El Ministerio del Interior es responsable de la organización de los procesos electorales, así como de la gestión de las subvenciones destinadas a financiar a los partidos políticos, en las elecciones locales y en las europeas. Si bien, en las autonómicas la gestión le corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas (CCAA), aunque algunas de las tareas se coordinan con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Los gastos electorales están ligados a la financiación de las actividades ordinarias de los partidos, a la financiación de sus actividades extraordinarias, al exceso de gastos derivados de la celebración de procesos electorales y a la asignación anual necesaria para sufragar los gastos de seguridad, que permiten mantener su actividad política e institucional.
Sólo haciendo uso de los datos disponibles en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin considerar lo dispuesto en las CCAA, podemos observar cómo se habían presupuestado 161 millones de euros en el programa correspondiente del Ministerio del Interior en el ejercicio 2014; fecha en la que se celebraron elecciones al Parlamento Europeo. El 2015 fue el periodo en el que se solaparon las elecciones generales, con las autonómicas y municipales y se presupuestó 345,3 millones de euros, de los que 187,7 millones fueron gastos corrientes y 156,4 transferencias corrientes.
Por su parte, el proyecto frustrado de PGE 2019 había previsto un total de 302,9 millones de euros. Dado que no se aprobaron esos Presupuestos, se han prorrogado los del año anterior, que presentaban unos créditos de 62,8 millones; por lo que, se ha tenido que proceder a dos ampliaciones de crédito con origen el Fondo de Contingencia, hecho éste que ya se había realizado en el ejercicio 2016, fecha en la que se celebraron las elecciones generales. De forma que, se ampliaron 176,7 millones de euros para financiar los gastos destinados a la celebración de las elecciones locales y europeas y 63,3 millones de euros para financiar las subvenciones ligadas al gasto electoral.
En el caso particular del Principado de Asturias, los presupuestos autonómicos del presente año reconocen unos gastos en la Consejería de Presidencia de 1,5 millones de euros para gastos corrientes, incorporándose 1,2 millones en transferencias corrientes. En las anteriores elecciones, en el ejercicio 2015, los importes fueron 1,3 millones de euros y 1,2 millones, respectivamente. Lo que representa un incremento del 15%.
Los gastos de todos los procesos electorales son fiscalizados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo (OCEx). Se ha de valorar la posibilidad de buscar un ahorro al respecto. De hecho, en términos generales, sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de realizar envíos directos y personales de sobres y papeletas o de propaganda electoral a los electores, ya que podemos encontrarlos en las mesas electorales; diseñar un nuevo procedimiento más acorde con los medios y técnicas de información; lograr que el límite máximo de los gastos electorales dependan del número de electores más que del número de habitantes; someter a la legislación vigente en materia de régimen electoral general las donaciones privadas realizadas entre la convocatoria de las elecciones y la finalización de la campaña electoral; adecuar los límites de gastos en publicidad a los derivados de las nuevas tecnologías de la información y comunicación… Estas y otras medidas son las que deberían ponerse en marcha con el fin de no “cargar” más las arcas públicas con gasto superfluo, en ocasiones.»
Emma Ramos 