Categoría: Contratación pública

Traigo a este post un número publicado «en abierto», por la Revista Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda (Instituto de Estudios Fiscales), bajo el título Grandes dilemas de nuestras AAPP. La Administración en la encrucijada, nº 100 (3/2020), es un número que a pesar de haberse publicado a finales de 2020, se encuentra de perfecta actualidad. Número que he tenido el honor de coordinar con un conjunto de profesionales de alto nivel en sus respectivas materias.

A continuación plasmo la presentación que en este número he realizado, de forma que se pueda tener una visión rápida de los temas que se tratan.

«Sugerente título para el tercer número de la Revista de Presupuesto y Gasto Público,
a cuyo personal agradecemos su confianza y permitirnos diseñar un Monográfico sobre los grandes dilemas que se plantean en nuestras Administraciones Públicas. Una Administración que se encuentra en una encrucijada agravada más aún, si cabe, por la crisis de la pandemia del COVID-19 que estamos experimentando hace ya casi un año.
De los artículos publicados por prestigiosos autores, que han tenido el placer de colaborar con la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, se desprenden las siguientes dudas, propuestas de mejora y sugerencias que ofrece la Administración Pública.
El Magistrado especialista de lo contencioso-administrativo, José Ramón Chaves
García, bajo el atractivo título de «Regreso al futuro de las Administraciones Públicas
ante la cuarta revolución industrial» nos sitúa en una nueva era en la que se empieza a
vislumbrar la Inteligencia Artificial, con los consiguientes cambios en los modos, tiempos
de respuesta y capacidad de diseño de actuaciones. En esa modernización quizás los empleados públicos «pierdan rostro, los expedientes el papel, las decisiones se alejen del procedimiento para adoptarse en rutas algorítmicas y posiblemente el rumbo de la Administración pública resulte difícil de pronosticar». La encrucijada está servida.

Siguiendo esta misma línea de actuación, Concepción Campos Acuña, Doctora en
Derecho y Secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo se vale de «Compliance y Tecnología como herramientas de mejora de la gestión pública: inteligencia artificial y toma de decisiones», para reconocer que se han experimentado grandes cambios en la gestión pública, en su mayoría con «un vector común, la tecnología». Con ello, pretende mostrar cómo la tecnología, en general, y la inteligencia artificial, en particular, puede contribuir a mejorar los procesos de toma de decisión en el marco de la aplicación de las técnicas de compliance.

Si bien, no podemos adentrarnos en el entramado de la modernización de la Administración Pública, sin antes, analizar la situación en la que se encuentra hoy una sanidad tan damnificada por la crisis sanitaria que estamos viviendo. «El nuevo enfoque exige una visión sistémica de la salud, donde factores como la calidad de vida, el acceso a los sistemas sanitarios, las políticas de protección social o el medio ambiente, van a ser más determinantes que nunca» tal y como manifiestan Josune Retegi Ormazabal, responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento e Innovación de Organización Sanitaria Integrada Donostialdea y Maddi Zubizarreta Labaka, Técnico Superior de dicha Organización. Su elocuente artículo «Modernización de la sanidad. ¿Qué ha supuesto la COVID 19?» pone de manifiesto la necesidad de realizar cambios más ágiles; para lo que, se requiere el diseño de una estrategia que ofrezca a la sociedad una respuesta adecuada.

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Casiano Rojas Pozo,
centra su exposición en las «Dos medidas imprescindibles para modernizar nuestra
justicia: la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia y la mediación intrajudicial». A través de los Tribunales Provinciales de Instancia se trata de resolver los problemas existentes, desde el punto de vista organizativo, que se traducen en una carga de trabajo muy mal repartida; y con la mediación intrajudicial, gratuita para el ciudadano, se resolvería el 20% de los asuntos que llegan a la Jurisdicción.

Por su parte, José Antonio Díaz Lago, del Cuerpo Técnico de Aduanas, en su aportación a la modernización de la Administración Pública analiza «El futuro del trabajo: hacia
un nuevo paradigma. Repercusiones para el sector público». El autor reconoce que se
ha producido la evolución en el mundo del empleo, entre otras razones por los cambios
tecnológicos, el incremento poblacional y los cambios sociales que hacen tambalear el
statu-quo económico y político.

«El control financiero permanente (y la auditoría pública) como instrumentos para asegurar un empleo eficaz y eficiente de los recursos públicos en el marco de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Especial atención a la situación derivada
de la pandemia COVID-19» es la aportación realiza a este número por Álvaro García
Molinero, Interventor Delegado en el Ministerio de Defensa. Con ello, se trata de garantizar que la gestión pública en materia contractual se adecua a los principios de buena gestión financiera, economía, eficacia y eficiencia. Una adecuada planificación, piedra angular de todo procedimiento contractual, se basa en un análisis de riesgos, que permita adoptar las medidas más idóneas en base a las deficiencias observadas.

En línea con lo anteriormente mencionado Emma Ramos Carvajal, funcionaria de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias reconoce que
«La planificación contractual pública en tiempos de coronavirus» es esencial. Su ausencia pone en evidencia que se están cubriendo necesidades periódicas y recurrentes de forma errónea, ya sea mediante contratos menores, negociados sin publicidad o incluso omitiendo los propios expedientes de contratación. Ante lo cual es necesario adoptar medidas y evitar caer en una encrucijada.

El «Control por diseño en la gestión de los fondos europeos» es un tema controvertido en el que se adentra Magdalena Cordero Valdavida, experta del Tribunal de Cuentas
Europeo. Manifiesta que las administraciones tienen que controlar la gestión de los fondos nacidos del COVID19, que dieron lugar al nacimiento de un nuevo fondo de solidaridad «Next Generation EU». El control por diseño, basado en datos y tecnologías emergentes, permitirá realizar controles automáticos, más rápidos, precisos y con menor coste.

Dos conocedores del control externo, Antonio Arias Rodríguez, Técnico de la Universidad de Oviedo y Marta Riera López, del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ponen en evidencia en «El inventario de las administraciones públicas. Reto de gestión y salvedad de auditoría» las recurrentes salvedades manifestadas por las instituciones de control externo, surgidas fruto de los principales y más frecuentes riesgos del inmovilizado.

La fuente de ingresos es esencial para llevar a cabo la gestión pública, por ello, Ángel
de la Fuente, miembro de FEDEA e IAE (CSIC), a través de «Las ayudas implícitas en
los mecanismos adicionales de financiación a las Comunidades Autónomas», refleja los
principales mecanismos creados fruto de la pasada crisis a la que se enfrentaron las Comunidades Autónomas para lograr liquidez a través de los mecanismos adicionales de financiación y de los aplazamientos de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica.

Cerramos este número con Manuel Jaén García, profesor de Economía Aplicada de
la Universidad de Almería, que trata de explicar a través del artículo «Baumol’s Hypothesis of unbalanced growth for Spain» y de la hipótesis de partida que estudiaba la diferencia en productividad entre el sector servicios e industria. Se ha hecho un paralelismo con el sector público, intensivo en mano de obra; llegando a concluir que el modelo de Baumol no ofrece una explicación convincente del crecimiento del gasto público en España durante el período estudiado.