El Diario Expansión, en su apartado de Opinión, me publicó, el día 21 de junio, un artículo sobre la ineficiencia del gasto farmacéutico. Una vez más, sólo me queda agradecérselo.
A continuación reproduzco el artículo e incorporo el Informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal «Evaluación del gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica» y Evaluación del Gasto Público 2018- Proyecto (Recetas) en los que me basé para su redacción.
Tampoco debemos olvidar la DIRECTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.
El Estado de Bienestar español no sería tal sin la relevancia que presentan los servicios públicos fundamentales, tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.
En concreto, la partida presupuestaria relativa al gasto público en sanidad ostenta una de las primeras posiciones en los presupuestos nacionales y autonómicos. Su relevancia es tal que nos obliga a estar «ojo avizor» sobre la misma; por lo que, se debe avanzar en una mejora de la gobernanza, de los procedimientos, la eficiencia y la equidad del sistema sanitario.
De hecho, en el ejercicio 2017 «el gasto público en salud en España fue de 72.813 millones de euros, de los que alrededor de 16.264 millones, el 1,4% del Producto Interior Bruto, se destinó a medicamentos y más del 62%, alrededor de 10.171 millones, a gasto en recetas dispensadas en oficina de farmacia». En el concepto de medicamentos se encuentran no sólo los suministrados en una farmacia sino también los que se dispensan en un centro hospitalario. A partir del 2009, este gasto público ha crecido siempre por encima de la tasa de crecimiento del PIB real; como consecuencia de factores socioeconómicos y demográficos, tales como el envejecimiento de la población.
Estos y otros datos, le ha llevado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a evaluar el gasto público en recetas dispensadas en oficina de farmacia, en el marco de su último informe «Spending Review», ejercicio 2018.
Una de las críticas manifestadas por la AIReF es la ausencia de un análisis coste-beneficio (ACB) que permita determinar los precios más eficientes. Tampoco se define un sistema de precios de referencia que tenga en cuenta tanto el principio activo del medicamento como su indicación terapéutica, lo que supondría un ahorro de unos 507 millones de euros hasta 2022. Se recomienda se apliquen a nivel nacional sistemas de selección de medicamentos, tales como las subastas, lo que supondría un ahorro de unos 412 millones de euros acumulados hasta el año 2022. También se valora positivamente que se incluyan en el sistema de financiación autonómica.
Copago
El copago es otra de las críticas existentes en los últimos tiempos, en la medida que perjudica a la población activa «de bajos ingresos, frente a los pensionistas de ingresos similares y es desigual en el tratamiento de las personas especialmente vulnerables», por lo que se persigue garantizar el cumplimiento del criterio de equidad de forma que se beneficie, de manera efectiva, a aquellos colectivos con rentas inferiores y que posean problemas de acceso a los medicamentos.
Además, se trata de corresponsabilizar a las Comunidades Autónomas (CCAA) en la toma de decisiones en el marco de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) -las CCAA soportan el 95% del gasto y poseen 3 de los 11 votos- y reducir a la mínima expresión la heterogeneidad entre CCAA en lo que a la prescripción se refiere (supondría un ahorro de unos 485 millones de euros hasta 2022).
Estas conclusiones no vienen más que a ahondar, en ocasiones y reforzar, en otras, las previstas por el Tribunal de Cuentas en su Informe número 1.185 sobre la fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015.
Un estudio que reconoce la existencia de un sobrecoste en el gasto farmacéutico de la receta electrónica de más de 285.000 euros. Entre sus recomendaciones se encuentran la elaboración de un manual de procedimientos, la delimitación de las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y el arbitraje de un sistema de seguimiento y control de los suministros de aquellos medicamentos sujetos a techo de gasto.
En definitiva, lo que se pretende es apuntalar la sanidad pública en nuestro país y mejorar el servicio recibido por los ciudadanos, a través de la puesta en práctica de este conjunto de recomendaciones.»
Emma Ramos 