Asturias, CCAA, Subvenciones

Plan Estratégico de Subvenciones

El Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones del área Político-Administrativa del Estado (2014) define que “Uno de los principales instrumentos para la planificación de la actividad subvencional es el Plan Estratégico de Subvenciones (en adelante, PES) que se encuentra regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS (en adelante, RGS). La exigencia del PES fue una novedad introducida por la LGS que obliga a todas las Administraciones Públicas”

El correcto diseño de los planes estratégicos de subvenciones, conforme a los criterios de legalidad y de transparencia, debe ser un requisito esencial en todas las Administraciones Públicas. De hecho, en el Principado de Asturias se ha exigido de forma reiterada su cumplimiento conforme a los criterios de legalidad vigente por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

El artículo 8 de la LGS establece la necesidad de que “los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. Este artículo se fundamenta en la Constitución Española de 1978 que exige que el gasto público cumpla el principio de eficiencia y que toda subvención debe concederse para la consecución de un fin público.

Una parte de la actividad financiera del sector público se gestiona a través de la concesión de subvenciones dirigidas a atender las demandas socioeconómicas del momento.

Se constituyen como una figura fundamental dentro de las modalidades del gasto público, debiendo adecuarse a los criterios de política presupuestaria, tal y como delimita la propia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dado el contexto económico en el que nos encontramos, la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria es clave, por lo que, la Administración del Principado de Asturias, al igual que las restantes AAPP, deben publicitar las subvenciones que concedan, en base al cumplimiento de la legalidad vigente.

He de aprovechar este breve post para recordar que el número de subvenciones nominativas debe reducirse a la “mínima expresión”, dado que son fuente de conflictos, “amiguismos” y corrupción en múltiples casos.

El último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General del Principado del Principado de Asturias – ejercicio 2015 reconoce que el volumen de subvenciones concedidas por procedimiento de concesión directa sigue siendo superior a las concedidas por el procedimiento ordinario de concurrencia, representando el 56% aproximadamente del importe total. Por lo que, reconoce que su uso debe restringirse a supuestos en los que de manera efectiva quede acreditada su excepcionalidad y la dificultad de promover una convocatoria pública.

El período de vigencia de los PES debe ser de tres años, conforme al artículo 11.4 del RGS, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.

En la última publicación en el BOPA, sólo el Plan de la Consejería de Desarrollo Rural abarca un periodo de 3 años y el de Presidencia de dos; el resto de Consejerías extiende su ámbito de actuación al ejercicio 2017.

No debemos olvidar que respecto a los procedimientos de concesión directa, en términos generales, no consta de forma suficientemente acreditada o motivada su carácter excepcional ni la especialidad de los beneficiarios con respecto a otros que pudieran satisfacer esos fines, sin que se justifique la dificultad para su tramitación bajo una convocatoria pública.

El artículo 11.1 del RGS establece que se debe elaborar un PES para cada Ministerio (Consejería), que abarque las subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados.

El contenido que deben tener los PES se detalla en el artículo 12 del RGS:

  • la definición de objetivos estratégicos que describan el efecto e impacto que se espera lograr con la acción institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de estar vinculados con los objetivos establecidos en los correspondientes programas presupuestarios;

  • las líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación, detallando para cada línea las áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles para su realización y fuentes de financiación, el plan de acción en el que concreten los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el Plan delimitando las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la concesión y el calendario de elaboración;

  • el régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas de subvenciones que se establezcan, determinando para cada línea de subvención un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos del Plan, que recogidos periódicamente por los responsables de su seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos; y

  • los resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se trasladará el contenido de los informes emitidos.

Por otro lado, hemos de efectuar un minucioso control de las subvenciones concedidas, en las que se analice uno por uno la veracidad en el cumplimiento de los requisitos, y del objeto de dicha subvención.

Es más, la homogeneidad es un criterio que debería seguirse en todas las Consejerías tanto en la elaboración de los Planes estratégicos como en la evaluación de los resultados, siendo el último año publicado por el Principado de Asturias el del 2015.

Recordemos también que en las subvenciones en régimen de concurrencia, la indeterminación de los requisitos de los beneficiarios y/o los criterios de valoración establecidos en bases y convocatoria, conduce a la introducción de subcriterios fijados a posteriori por el órgano encargado de ejecutar la oportuna valoración.

El Informe del Tribunal de Cuentas expresa como recomendaciones, las siguientes:

1. Los departamentos ministeriales deberían impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa subvencional mediante la elaboración de los PES que permita llevar a cabo una adecuada planificación estratégica de subvenciones.
2. Sería aconsejable que los departamentos ministeriales adoptasen las medidas oportunas para la puesta en práctica de la definición detallada de indicadores de seguimiento de los objetivos previstos en los PES, del análisis de las desviaciones producidas, y de la toma de decisiones encaminadas a la mejora continua de la política subvencional.
3. Sería conveniente aprobar anualmente normas para la elaboración de los PES y para determinar el contenido de los informes de seguimiento de los mismos, que podrían coadyuvar a los gestores públicos en la ejecución de la política subvencional.
4. Sería aconsejable que la Intervención General de la Administración del Estado ejerciera la competencia atribuida en el artículo 14.4 del RGS relativa al control y evaluación de resultados derivados de la aplicación de los PES.

¿Por qué no hacemos caso desde las Administraciones Públicas de estas recomendaciones?

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