El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, aporta en su exposición, en el marco de su visita a Oviedo al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el XL Aniversario de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, algunos de los interrogantes en relación con la Justicia y su futuro. Reconoce que nos encontramos en un momento de cambios y de oportunidades.
Primer desafío: reforzar la posición que España ocupa en el mundo y en Europa.
Segundo desafío. Defender un Espacio Europeo Común. España es la cuarta economía de la UE. Cuando España necesitó de Europa, Europa estuvo ahí y España seguirá en Europa.
Tercer desafío. Proteger nuestro Estado de Derecho. Estamos entre las grandes democracias del mundo. La ley, la libertad e igualdad de todos los ciudadanos es fundamental.
El valor de tener y transmitir seguridad jurídica es esencial; en la medida que, la inseguridad e incertidumbre llega a ser problemática.
Además el fortalecimiento de esa seguridad jurídica será garante de la sostenibilidad económica, de la atracción de capitales, empresas y de la creación de empleo. En ese sentido, cabe recordar que España es el tercer país mejor posicionado ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea para atraer inversiones.
¿Por qué es necesario reformar la justicia?
La respuesta es clara: porque existe una demanda unánime de los distintos sectores implicados -tanto sociales, técnicos, y políticos-. Existe una verdadera voluntad institucional y política de lograr esa reforma.
La reforma de la justicia está pendiente desde la etapa de la Transición.
En la actualidad, se requiere avanzar en la consecución de grandes consensos de calidad en lo que se refiere al diseño de las políticas públicas. Por tanto, en este sentido, hemos de reflejar la necesidad de reformar la justicia.
Una reforma que ha de venir acompañada del diseño de las mejores herramientas para acercarnos a la sociedad.
Algunos de los motivos por los que se ha de llevar a cabo dicha reforma es:
- agilizar el funcionamiento de la justicia, más ágil, más eficaz y más eficiente.
- solucionar medidas procesales, tales como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), la creación de un Juez de Garantías del pleno respeto de los derechos fundamentales, diseñar el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, potenciar la ejecución de las sentencias judiciales firmes, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, crear más plazas de jueces y fiscales, aprobar un Real Decreto de creación de nuevas unidades jurisdiccionales…
- solucionar medidas tecnológicas: avanzar en la justicia telemática, más cercana a las ciudadanos
- propiciar cambios culturales:
- – promover la solución de los conflictos sin acudir a la vía jurisdiccional; utilizar la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria.
- – fortalecer “la percepción de la independencia”. La justicia es independiente en España, si bien hay que profundizar en la percepción social de esa independencia. Por lo que, se requieren reformas:
- – en el sistema de elección, designación y nombramiento de los Presidentes de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, de las Audiencias,…;
- – suprimir la posibilidad de los parlamentos autonómicos de designar a un miembro de los TSJ; pues reflejan la politización de los nombramientos;
- – fortalecer conflictos de interés y el régimen de incompatibilidades.
Existe una crítica social respecto a las instituciones. Por lo que, al igual que en otros ámbitos, la transparencia en la justicia es esencial; así como limitar los aforamientos en un doble sentido, subjetivo (identificando quiénes deben mantener el aforamiento) y objetivo (para el tipo de delitos sobre el que se debe mantener el aforamiento). También hay que trabajar en lo que se refiere al derecho de gracia, los indultos; debiendo regularlo con norma de rango de ley.
- Avanzar en el cierre de espacios de impunidad en la lucha contra la corrupción: para lo que se deberá continuar en línea con las reformas llevadas a cabo en la LECr, en el Código Penal, la financiación de los partidos políticos, la Ley de Transparencia, o el Estatuto del Alto Cargo. Se debe propiciar la regulación de los lobbies que, si bien, son legales requiere seguir trabajado con el diseño de su registro de entidades que desarrollan funciones de colaboración con las Administraciones Públicas; así como propiciar la regulación de los denunciantes de la corrupción tanto en el sector público como en el privado.
El fin último sería garantizar el servicio a los ciudadanos, orientándonos hacia las víctimas de la comisión de un delito, ya sea de violencia de género, protección a los menores, discapacitados…
Todo ello desde diálogo, participación de los profesionales: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados….
Este es un breve resumen de las palabras que tuvimos la suerte de escuchar ayer miércoles, día 29 de marzo de 2017.
Emma Ramos 