El 21 de julio del presente ejercicio se publicaba en la página de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) el Informe Cumplimiento Estabilidad con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como la regla de gasto de las Administraciones Públicas (AAPP).
La AIReF pone de relieve “que la situación y perspectivas de las finanzas públicas han sufrido un progresivo deterioro desde la última evaluación realizada en el mes de abril con ocasión de la valoración de la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 (APE)”. La incertidumbre política vivida durante los pasados meses coadyuva a mantener esta situación.
Las previsiones de déficit (4,1%), según la AIREF, se enfrentan a diversos problemas:
- Efectos negativos sobre los ingresos tributarios, dado que no se está materializando la recuperación de los precios, si bien, la recuperación económica es un hecho.
- Efectos negativos sobre la recaudación tributaria, en particular, del Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.
- Incumplimiento por parte de varias CCAA del objetivo de estabilidad presupuestaria.
- No adopción por las CCAA los Acuerdos de no disponibilidad (AND).
- Relajación en la interpretación de la regla de gasto y una aplicación poco rigurosa de las medidas correctivas por parte de los órganos de tutela
- Previsión de reducción del superávit obtenido por las EELL.
- El “mayor riesgo para el déficit se produciría si no se aplicasen en 2016 medidas de aumento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades”.
Ante estas circunstancias, que no hacen más que agudizar el déficit público de las Administraciones Públicas (AAPP), la AIReF urge a aplicar rigurosamente la disciplina presupuestaria, reforzando la rendición de cuentas de las AAPP. De forma que, el Ministerio de Hacienda ha previsto realizar para el ejercicio 2017 un análisis exhaustivo y minucioso del gasto de la Administración General del Estado (AGE), revisando partida a partida presupuestaria, analizando su justificación e identificando y cuantificando “los márgenes tendenciales existentes a corto plazo en las distintas áreas de actuación”.
Una de las cuestiones mas importantes a la que nos enfrentamos en la actualidad es la aprobación del techo de gasto. Elemento éste fundamental para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 que crecerían un 3,7%, según el dato de variación porcentual del PIB nominal previsto en la actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, si fuesen aprobados. Presupuestos, por tanto, que permitirían regular la subida de las pensiones (0,25%), el sueldo de los empleados públicos, los presupuestos autonómicos y locales, así como los proyectos de inversión. El cumplimiento de la regla de gasto prevé un aumento del gasto del 2,2% para 2017.
Expertos constitucionalistas reconocen que el art. 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno permite aprobar el techo de gasto a un Gobierno en funciones (por Decreto); si bien, no sería posible la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; con lo cual, los efectos deseados no se alcanzarían.
Emma Ramos 