Javier Andrés, Ángel de la Fuente y Rafael Doménech acaban de publicar, recientemente, un artículo que analiza la política fiscal que debería aplicarse en España ante la salida de la crisis económica.
Las teorías económicas son diversas: por un lado, están aquellas que defienden que la solución a los problemas de la sociedad española se encuentra en la proporción de ingresos públicos sobre PIB (aproximadamente un 38%), en condiciones de normalidad cíclica, y defienden la minoración de las cargas tributarias; y, por otro lado, aquellos para los que el incremento del gasto público es esencial, en la medida que garantiza el Estado del Bienestar y, por ende, la suficiencia y calidad de los servicios públicos; estos últimos demandan la consiguiente mejora de la recaudación tributaria.
Los extremos nunca son buenos, por lo que, a través de este “paper” se propone una posición intermedia que permita garantizar la solvencia de las finanzas públicas.
Si bien, dichos autores son firmes defensores de la necesaria actuación sobre los dos pilares de un Presupuesto: los ingresos (mejorando la recaudación) y los gastos públicos (corrigiendo el déficit público, racionalizando el gasto y enfrentándose a los elevados niveles de envejecimiento poblacional), están convencidos de la necesidad de avanzar en las reformas estructurales, estrechamente ligadas a las dos medidas anteriores, de forma que permitan mejorar los niveles de empleo, las tasas de ocupación y de crecimiento económico. Con ello, se cerraría el ciclo económico: creación de puestos de trabajo, generación de riqueza, reactivación económica, incremento de la renta disponible, del consumo y la inversión y mayores volúmenes de recaudación económica, permitiendo impulsar el gasto público sostenible. El ciclo económico se cierra y, todo ello, en términos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La mayor parte de los expertos entiende que se ha de seguir avanzando en la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en los objetivo de déficit y deuda pública, tal como nos exige la normativa comunitaria y nacional.
En definitiva, la corrección del déficit público será difícil de alcanzar, si no acudimos a las necesarias reformas estructurales que arrojen una recuperación económica, de la mano del crecimiento económico y de la creación y consolidación de los puestos de trabajo y de las reformas fiscales que permitan mejorar la recaudación, sin incrementos de los tipos impositivos, pero incidiendo en las bases tributarias.
No podemos concluir este post, sin poner de manifiesto el acuerdo alcanzado ayer sábado en la Cumbre Ministerial de Shanghái, por los Ministros de Finanzas del G20 (principales economías desarrolladas y emergentes) que corroboran lo desarrollado en el presente artículo, extrapolado a la esfera internacional: defienden la necesidad de poner en marcha «individual y colectivamente» todos los instrumentos monetarios, fiscales y estructurales para impulsar el crecimiento económico mundial y afianzar la recuperación; las medidas monetarias, por sí solas resultan insuficientes.
Es más, no podemos olvidar la especial preocupación suscitada, en los últimos tiempos, por una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, del creciente número de refugiados y de las distintas posturas aplicadas, en este sentido, entre los distintos Estados Miembros de la Unión Europea, de la caída de los precios de las materias primas (como ya se mencionó en un post anterior “We won´t give up” relativo al Foro Económico Mundial, reunido en Davos), del aumento de las tensiones geopolíticas y de la volatilidad de los flujos de capitales.
Emma Ramos 