En el Nº 94 (1/2019) de la Revista Presupuesto y Gasto Público me han publicado en abierto el artículo Control de la Administración Institucional que reproduzco a continuación y que está colgado en la página del Ministerio de Hacienda (Instituto de Estudios Fiscales).
Las Administraciones Públicas (AAPP) tratan de dar solución a los requerimientos de la sociedad, tanto en términos políticos como en términos económicos o sociales. Para atender dichas demandas, la intervención pública se ejercita mediante el diseño de políticas públicas donde el control y la evaluación se vuelven herramientas imprescindibles para ordenar y racionalizar la acción de las instituciones administrativas (UVALLE, R. (2004) «El control y la evaluación en la administración pública». Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, vol. 46, n.º 192, pp. 43-70).
En palabras de Uvalle las AAPP se han vuelto «parte activa de cómo se gobierna, y de cómo las políticas públicas generan un impacto que tiene efecto multiplicador en los distintos ámbitos del quehacer social y político».
De ahí, que no haya debate político que no termine hablando de la reforma o reestructuración de la Administración Institucional. Una de las mayores preocupaciones se encuentra en el tamaño del «resto del sector público», para algunos sobredimensionado, por el elevado peso que tiene en el total del gasto; para otros, adecuado y esencial como ente instrumental.
Otra de las cuestiones de relevancia se sustenta en la idoneidad de si la prestación de ciertos servicios públicos debe ser ejercida por parte de esta Administración Institucional o bien debe quedar «en manos» de la propia Administración, si existe duplicidad de competencias, si se hace competencia desleal, si debe de ejercerse una gestión privada o cuasi-privada…
Por ello, ha de realizarse previamente un análisis coste/beneficio de las alternativas entre la prestación en régimen de monopolio público o involucrar al sector privado, cuya interacción colaborativa vía contratación o subvención ha de ser también un referente en la definición de la estrategia política de cualquier grupo.
Si bien, nuestra preocupación ha de ir más allá, no debemos quedarnos al albur de estas cuestiones. Desde las AAPP se ha de avanzar no sólo en el diseño de un marco jurídico adecuado, de su tamaño o de su idoneidad, sino también debemos profundizar en un verdadero proceso de control (interno y externo) del llamado «resto del sector público». Lo cual es esencial para tomar, posteriormente, las decisiones correctas en cada uno de los supuestos.
La proliferación de entes instrumentales ha contribuido a incrementar los costes, fundamentalmente, en materia de personal. Algunos consideran la ausencia o un menor control «ex ante» como «la panacea» por la agilidad y la eficiencia de la actividad administrativa que supone. Es preciso buscar el equilibrio, entre una excesiva proliferación de controles y una laxitud tal que impida garantizar una adecuada gestión del sector público.
Es necesario dotar al sector empresarial de las distintas Administraciones Territoriales de un marco jurídico actualizado que permita realizar un adecuado control público del mismo y garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos, satisfaciendo las necesidades reales de la sociedad.
Emma Ramos 