La UE vuelve a exigir a España que controle su déficit público, a través de un apercibimiento. La inestabilidad política y la consiguiente incertidumbre de nuestro país es un peligro para sus cuentas; de hecho, sus principales macromagnitudes comienzan a resentirse y los inversores empiezan a temer esta situación.
El déficit pactado con Bruselas es el 2,8% para el ejercicio 2016. Se exigen nuevas reformas estructurales, sin demora alguna, que deberán venir contempladas en el Plan de Estabilidad que España ha de remitir a la UE en el mes de abril; incidiendo, fundamentalmente, en el gasto de las Comunidades Autónomas (CCAA), dadas las disparidades presupuestarias que éstas manifiestan. De hecho, tan sólo 5 CCAA (País, Vasco, Canarias, Baleares, Galicia y Asturias) consiguen mantenerse dentro del 0,7% de déficit público, en el mes de noviembre de 2015; otras como Murcia, Cataluña o Comunidad Valenciana, superarán el 2%.
La exigencia de nuevos ajustes no constituye ninguna novedad en el seno de la UE. Es más, Francia incumplió el objetivo de estabilidad en el 2014, en un punto porcentual por encima de lo previsto, y tuvo que proceder, en ese momento, al diseño de nuevas políticas que le permitiesen ajustarse a las promesas realizadas entre ingresos y gastos públicos.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, puso de relieve en una de sus últimas intervenciones, en Fedea que “existe todavía un déficit de credibilidad en las finanzas públicas española”; por lo que, “necesitamos un plan presupuestario realista y creíble a medio plazo” para cerrar la brecha fiscal estructural de alrededor de 2,5% del PIB y “hay que seguir avanzando en el reforzamiento del marco fiscal nacional” (“national ownership” del “Fiscal Compact”). Sus palabras se pueden poner en sintonía con la exigencia de la UE en estos días.
José Luis Escrivá sustenta su fijación de posiciones en un hecho: España mantiene una prima de riesgo similar a la de Italia y, sin embargo, nuestro país tiene menor deuda, mayor margen de ingresos y una economía más dinámica. Este es el vivo reflejo de una falta clara de credibilidad en la economía de nuestro país.
Bruselas insta al Estado español a «ejecutar rigurosamente el presupuesto de 2015 y adoptar las medidas necesarias en el marco del proceso presupuestario nacional para garantizar que el presupuesto de 2016 cumpla plenamente lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento». La Comisión Europea, si bien, no ve con especial euforia, la bajada impositiva del país; el foco central de su preocupación se encuentra en el gasto público y, más concretamente, en el gasto de las CCAA. Por lo que, exige el diseño de políticas más estrictas que velen por el cumplimiento de sus objetivos, sin perder de vista que la etapa que estamos viviendo, no es la etapa del gasto excesivo, sin control.
El dictamen de Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, el pasado mes de octubre exigía a España la aplicación de las medidas preventivas y correctivas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOESPySF) del 2012. La LOEPySF regula un conjunto de medidas de aplicación ante un eventual incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria; en concreto, en caso de riesgo el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable, previa audiencia de la misma, dando cuenta posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si dicha Administración es una Comunidad Autónoma. Ésta tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar ese riesgo.
Por su parte, el vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable del Euro y el Diálogo Social ha defendido que gracias a la aplicación de “políticas decididas, España ha logrado salir de la crisis para convertirse en una de las economías de la zona del euro que más rápido crece. Para que el crecimiento y la creación de empleo continúen y se consoliden, España ha de mantener el rumbo de las reformas y seguir aplicando una política fiscal responsable”.
Bélgica, Croacia, Finlandia, Italia y Rumanía son países que ven con proximidad el riesgo de la imposición de multas por incumplimiento.
Las palabras del Presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, en Barcelona, ponen de relieve que “reforzar los marcos fiscales nacionales es un elemento fundamental para mejorar el funcionamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el área del euro«, y que “es mejor centrar los esfuerzos en promover marcos fiscales robustos a nivel nacional que promover soluciones comunes para todos los países del euro”.
Emma Ramos 