El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, clausuró el 5 de febrero el XXIII Encuentro de Economía Pública, celebrado en Orense, junto al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato; el presidente del comité organizador, el profesor Santiago Lago, y el copresidente del comité científico, Javier Salinas.
En dicho encuentro defendió que “la sostenibilidad de las finanzas públicas debe ser una de las anclas de la política económica”; para lo que “hace falta dotar a la política presupuestaria de una mayor orientación a medio plazo, con una programación realista y creíble y seguir avanzando en el reforzamiento del marco institucional nacional de sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Calificó la sostenibilidad de las finanzas públicas como un pilar fundamental en el bienestar de la sociedad, debiendo reforzarse el cumplimiento de los objetivos presupuestarios que algunas Comunidades Autónomas tratan de saltarse.
Es el momento de aprovechar la oportunidad que la crisis nos ha brindado, detenernos y pensar, para diseñar unos presupuestos que tengan en cuenta, de forma particular, cada una de sus Secciones, Servicios, Programas y partidas presupuestarias. Es preciso dar la “vuelta a los presupuestos como si de un calcetín se tratase”. De hecho, los últimos Informes de los Órganos de Control externo corroboran esta manifestación.
Es el momento del cambio, de la eficiencia y la eficacia; es el momento de comenzar a poner objetivos plausibles e indicadores de cumplimiento, en lugar de meras declaraciones de intenciones pasadas de moda. Es el momento de reforzar y, actualizar, en algunos casos la normativa existente en este ámbito y reforzar el papel de la transparencia. Y todo ello, salpicado por una política fiscal adecuada a la nueva coyuntura económica.
Si bien, es preciso traer a la memoria la necesidad de equilibrar los ingresos y gastos públicos, minorando la posible brecha fiscal estructural existente del 2,5% del PIB.
Actualmente, las principales preocupaciones las encontramos en la Seguridad Social y en algunas Comunidades “díscolas” en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Los estudios ponen de relieve la fuerte relación existente entre deuda y morosidad; es más, cada punto de deuda, en porcentaje del PIB, acumulada en el último año se traduce en 30 días más de retraso a la hora de cobrar las facturas, lo cual resulta esencial, especialmente, para las PYMES; pues su impago puede conducirles a suspender pagos por una sucesión de retrasos en recuperar lo que se les adeuda.
El análisis de la AIReF refleja que de los 65 puntos de incremento de la deuda pública del año 2007 hasta el 2014, 32 son efecto directo de la crisis económica, 25 están ligados a las debilidades estructurales de las cuentas públicas y los 8 puntos restantes se le atribuyen a la deuda. Escrivá concluye diciendo que la deuda de las Entidades Locales no plantea problema alguno, en la medida que se mantiene dentro de los márgenes de estabilidad; si bien, la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social previsiblemente no se ajustarán en materia de deuda hasta el año 2028 y, diez años más, son las previsiones, para las Comunidades Autónomas.
En este sentido, los estudios de ThinK TANK Civismo ponen de relieve que “el ahorro es una virtud y la austeridad tiene un efecto muy positivo en los ciudadanos, ya que permite reducir los impuestos. Además, mantener una posición financiera saneada rebaja los costes de la deuda y facilita saldar a tiempo los desembolsos a los que haya que hacer frente.”
Emma Ramos 