CCAA, Partidos Políticos

CAOS POLÍTICO, CAOS ECONÓMICO

El lunes 21 de octubre el diario EL ECONOMISTA me publicaba en su apartado de Opinión el artículo Caos político, Caos económico, que a continuación reproduzco: CaospolíticoEl caos político que nos rodea, porque no podemos definirlo de otra forma, se hace ya insostenible. La falta de voluntad de acuerdo y el ego tan acentuado de algunos nos llevará a celebrar nuevas elecciones -cuatro en menos de cuatro años-. Unas nuevas elecciones de las que dudo, aunque espero y deseo equivocarme, que nos saquen de esta encrucijada en la que los “sillones” son las únicas preocupaciones de algunos políticos. En las que su interés particular subsume el interés general de la sociedad española.

Actualmente, nos encontramos en una fase en la que la culpa la tienen siempre los demás. Los líderes políticos no parecen capaces de asumir sus responsabilidades. Pero no olvidemos que son ellos los que salen elegidos de las urnas y lo hacen para tomar decisiones en representación de todos los ciudadanos.

La sociedad vive un hartazgo tal que es difícil de soportar. Por triste desgracia se está perdiendo, de forma generalizada, la confianza en nuestro sistema político. Y nos guste o no, necesitamos la política para garantizar la estabilidad de nuestro país, para conseguir que se recupere la confianza en España, para que seamos capaces de atraer capital e inversiones, para reforzar o, al menos, mantener nuestra economía estable.

No comprendo cómo en otros países se han logrado acuerdos, mejores o peores, de uno u otro tipo, que han llegado a adoptarse finalmente, como es el caso de Italia donde dos partidos que, tradicionalmente, han sido rivales se han unido (el Partido Demócrata de centroizquierda y del populista 5 Estrellas); o el ejemplo de Alemania, con la “Grosse Koalition” de conservadores y socialdemócratas que tras arduas negociaciones, primero, con liberales y los verdes terminaron sin éxito y luego, con los socialdemócratas, que han dado sus frutos.

Mientras tanto en España nos encontramos paralizados en un contexto internacional en el que la subida de los precios del petróleo y la debilidad de la demanda en el mercado de la Unión Europea producen efectos perniciosos sobre la producción industrial, las exportaciones y el turismo nacional.

Un hecho palpable, en los últimos meses, es la reducción del número de contratos indefinidos frente al incremento del empleo temporal, fruto de la incertidumbre generada por no saber cuándo ni en qué condiciones se va a llevar a cabo la reforma de la legislación en materia laboral.

La desaceleración que experimenta nuestra economía empieza a vislumbrarse, tal como lo percibe el Banco de España (aumento de un 0,7% del PIB en el primer trimestre y un 0,5% en el segundo). De forma que, de materializarse esta situación, el volumen de gasto público se verá incrementado; lo que, unido a la minoración de los ingresos tributarios, que acompañan a los períodos de debilidad económica, afectará a los objetivos de déficit. Resulta injustificable que, en este contexto, no haya existido la responsabilidad política de formar gobierno y permitir adoptar medidas específicas, adecuadas a la coyuntura, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Cuestión adicional es el recurrente tema de la financiación autonómica que, periodo electoral tras periodo, sale a colación sin experimentar la necesaria modernización y adecuación a las nuevas circunstancias. Llamativo resulta que se deban recursos económicos a las Comunidades Autónomas, que no se pongan en marcha los mecanismos de coordinación tales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que hace tan sólo unos días se enarbolase la bandera de la imposibilidad del Gobierno en funciones de hacer frente a dichas entregas a cuenta en base a un Informe de la Abogacía General del Estado y, sin embargo, con el inicio de una nueva precampaña electoral, por arte de magia, parezca que dichas entregas podrán llegar a sus titulares.

De hecho, algunas Comunidades Autónomas como Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares y Asturias tendrán que acceder al mercado de emisiones de deuda; otras como Cataluña, Comunidad Valenciana deberán recibir financiación del Tesoro.

No olvidemos añadir a esta situación los aproximadamente 140 millones de euros que la repetición de elecciones nos costará a todos los españoles, fruto de las subvenciones concedidas a los grupos políticos.

Pongamos un poco de cordura en la actuación de nuestros responsables políticos.

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