Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública

Hace unos meses llegó a mi mesita de noche las “Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública” de José Antonio Fernández Ajenjo, con prólogo de Ricardo Rivero Ortega (Rector de la Universidad de Salamanca y Catedrático de derecho Administrativo). Su editorial es Amarante y se publicó en el año 2019.

Las “Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública” es una obra de carácter jurídico-filosófico que nos otorga una visión positiva de las posibles medidas de anticorrupción, ligada a los valores y a la ética. Nos da una perspectiva distinta, en mi opinión, de la corrupción. Una visión más ampliada y a la vez más concreta de este tema.

Es un libro denso, escrito con claridad, sobre este grave problema que nos invade. El bolígrafo y el papel son esenciales para avanzar en su análisis en profundidad. Por lo tanto, en mi modesta opinión, la mesita de noche no es una buena idea.

Su autor goza en su haber, entre otras cuestiones, de un Premio Extraordinario de Doctorado con su tesis “Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción”, así como el Premio del Tribunal de Cuentas Europeo para la investigación en auditoría del Sector Público 2010.

El concepto de corrupción se define como un mal inherente a la naturaleza humana; que no se puede suprimir, pero sí mitigar.

La existencia de un buen gobernante es esencial.

La corrupción es un fenómeno social que surge fruto de la enfermedad de los regímenes políticos, de la deslealtad y la injusticia. Es un antivalor, que surge del abuso de poder.

Estructura las Leyes de la corrupción como las relativas al abuso del poder del gobernante, tal como las definía Montesquieu y la correspondiente a una degeneración de poder de forma paulatina, desde aquellos actos que son banales hasta aquellos otros que son más graves.

La solución vendría dada de la mano de la ley de la buena conciencia ante la responsabilidad. Para ello, dispone de una serie de antídotos, tales como:

• la ejemplaridad pública,
• la gobernanza ética,
• la buena conciencia y
• el honor recompensado.

Dispone de un conjunto de medidas, por un lado preventivas, con el fin de evitar la corrupción, en defensa de los valores humanos; y, por otra parte, las medidas represivas, que tratan de castigar ante la adopción de actuaciones corruptas.

El autor hace una serie de recomendaciones y de reclamaciones a todos los agentes implicados:

• Poder ejecutivo: debe recuperar la costumbre de “decir la verdad”.
• Poder legislativo: tolerancia cero ante el fraude de la huida del derecho administrativo.
• Organizaciones administrativas: buena conciencia institucional a los que luchan contra la corrupción.
• Funcionarios: ética profesional que vaya más allá del cumplimiento de la legalidad.
• Sociedad civil: responsabilidad cooperativa como último supervisor del ejercicio del poder político.